La luna de miel para los nuevos presidentes municipales terminó rápido. Los efectos de la copiosa lluvia de la noche del viernes fueron un despertar a la realidad para los que apenas el martes comenzaron su trienio en el sur de Tamaulipas.
Es cierto que lo más aparatoso fue el derrumbe de la fachada de un ruinoso alojamiento ubicado sobre calle Pedro J. Méndez, en la zona de los mercados.
Pero decenas de personas padecieron las consecuencias de los acumulamientos de agua en los mismos sectores de siempre.
Unos afectados que no se ven, pero no por ello dejan de ser importantes, son los muchos que quedaron varados a la salida de sus trabajos a lo largo de las principales calles que conectan a Tampico con Madero y Altamira.
La mayoría buscando protegerse debajo de una cornisa o techo, sin importar el contacto físico con desconocidos y sorteando ser mojados por automovilistas que a su paso echaban con fuerza el agua acumulada en las calles.
El transporte público que podía sortear los acumulamientos de agua de las calles era insuficiente, mientras que los autos de pasajeros pararon actividades por obvias razones; evitaron quedar varados en puntos críticos.
Fue así como otros optaron por caminar a su destino bajo la copiosa lluvia y la oscuridad de la medianoche, ante la falta de un transporte público que es obligación del Gobierno del estado para con los tamaulipecos, no de los concesionarios.
Otros daños que tampoco son tan visibles son los de los automovilistas que se quedaron varados en puntos de Tampico y Ciudad Madero de los que información al momento en redes sociales dio cuenta.
Hubo puntos de Tampico y Ciudad Madero en los que el acumulamiento de agua subió a niveles que inmovilizó carros hasta casi taparlos. ¿A poco eso es normal?
Y si no lo es, ¿por qué el propietario de los autos siniestrados por inundación tiene que pagar los daños?
El derrumbe del hotel Progreso del centro de Tampico es un recordatorio de que hay decenas de construcciones que están convertidas en un peligro, sobre todo para las personas.
El paso del tiempo, las condiciones climáticas y el olvido omiso de sus propietarios son elementos de una ecuación con resultado peligroso.
Los diputados tienen trabajo para obligarlos por ley a volverlos funcionales o, si no, derribarlos.
La reacción de la autoridad es nuevamente hacer un censo de construcciones que son un peligro, como si en los anteriores trienios no lo hubieran realizado y, si lo hicieron, ¿dónde están esos resultados?