¿Quién no ha experimentado diversas situaciones de justicia cotidiana?, es decir, la que surge de los conflictos de la vida diaria, como la que se enfrenta al decidir iniciar un divorcio y la incertidumbre de lo que pasará con el sustento de las hijas o hijos; la muerte de un familiar sin haber dictado testamento, etc.
Hace unos días fui invitada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a participar en la instalación de la mesa de trabajo para construir la legislación en materia cotidiana.
Habrá que recordar que en 2017 se aprobó una importante reforma constitucional en la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, entre otras leyes.
Esta reforma se originó a partir del ejercicio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que llevó a cabo una serie de foros y consultas con la sociedad civil, y que tuvo como resultado un informe en materia de justicia cotidiana. Retomando lo señalado en dicho informe, se puede decir que la “justicia cotidiana” comprende las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática.
El informe demuestra que la justicia cotidiana enfrenta una crisis. Los problemas más frecuentes del sistema de justicia civil pueden resumirse en la excesiva lentitud de los procesos; la lejanía entre el juez que decide y las partes que no saben lo que está pasando en el juicio; la tramitología constante y el entorpecimiento continuo. Y sumado a lo anterior, la pandemia por Covid-19 ha provocado que el sistema de justicia se colapse aún más.
Si el procedimiento civil es un instrumento del Estado para solucionar los conflictos que surgen en la sociedad ¿cómo se pueden solucionar estos conflictos si los juicios son largos y costosos?
Por esto resulta muy importante el que se expida una legislación única en materia procesal civil y familiar que venga a sustituir los 33 códigos procesales civiles (32 de los Estados y uno federal) ya que la diversidad de contenidos entre estos, genera normas procesales con reglas, plazos, términos y criterios distintos (y a veces contradictorios), que han provocado falta de certeza jurídica e incertidumbre.
La apuesta para desarrollar una nueva legislación procesal civil y familiar radica en buscar un modelo de procedimiento que sea sencillo, comprensible y moderno, buscando simplificar los tortuosos trámites judiciales y suprimir formalismos que son inútiles.
En la iniciativa que presenté en 2020 para resolver estos retos propuse: transitar a un sistema de oralidad en materia civil que acerque más a las partes al conocimiento del proceso y que se traduzca en la reducción de los tiempos de respuesta; avanzar al modelo de justicia digital que puede acortar las distancias y agilizar los procesos aprovechando de forma adecuada los avances de la tecnología; atender las demandas de las personas que por alguna discapacidad no pueden acceder a la justicia por los impedimentos que para éstas representa enfrentarse a un proceso legal sin intérpretes; sin poder comprender el contenido de documentos; sin lenguaje accesible o con barreras físicas en las instalaciones de los tribunales; entre otras.
En resumen, la nueva legislación en materia del proceso civil y familiar será uno de los mayores retos para nuestro sistema de justicia, porque de esto dependerá que se puedan eliminar las barreras para que todos podamos acceder a la justicia del día a día: la cotidiana.
Pilar Ortega
@PilarOrtega