Es irónico e incongruente que la administración actual en recientes días haya emitido el Acuerdo por el que se aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en la cual, indica que las regulaciones y las instituciones son parte garante del mercado. Diciendo: “Las reglas que emite el Estado y que norman las actividades económicas y sociales de los particulares. Mediante estas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medioambiente, a los recursos naturales o a la economía. Por ello, las regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales”.
Entonces no caería en un conflicto de interés ante decisiones que sólo competen a la Secretaría de Energía (Sener), ni dejaría a la transición energética en letra muerta. ¿No es acaso que las regulaciones deben ser coordinadas por órganos autónomos para que ayuden a las instituciones?
El T-MEC morirá debido a que la pugna actual, expresada por uno de los socios radica en la falta de piso parejo en el mercado eléctrico, y la falta de otorgamiento de permisos en tiempo y forma por parte de los reguladores dentro del mercado energético.
Esta aseveración principalmente tiene que ver con los órganos reguladores a los que pretenden desaparecer, como la comisión reguladora de energía o la comisión nacional de hidrocarburos. Se refiere a la autonomía de estos organismos para el mercado mexicano en el sector energético:
1. Al pasar a estas dos comisiones, a ser parte de la Secretaría de Energía, podría haber un conflicto de interés en el mercado energético, debido a que:
- Sener es parte de los consejos de CFE y Pemex. Se convertiría en juez y parte, al determinar a quién dar, quitar, ampliar los permisos o contratos en el sector energético. Pudiendo beneficiar a las empresas del Estado.
- México podría caer en conflicto ante el T-MEC. Debido a que el Tratado fue suscrito en conformidad entre las partes, bajo las normas de mercado vigentes en su momento, donde está plasmada la autonomía de los órganos reguladores vigentes al momento de la firma, y una separación de las empresas productivas del estado de la Sener, en la parte operativa y financiera.
- Al revisar el Tratado en 2026 habría nuevas cláusulas de protección o términos que hagan más complicado, el permitir las inversiones entre los países. Aludiendo a un posible conflicto de interés en el mercado mexicano respecto de las inversiones de Canadá y Estados Unidos. Pero podría darse otra posibilidad: la de no renovar el tratado y convertirse en acuerdos bilaterales, bajo otras condiciones del mercado entre los países. Recordemos que el T-MEC es un acuerdo comercial, no político.
2. Crearía un entorno de incertidumbre para las inversiones. Dependerá, si Sener otorga los permisos en tiempo y forma. Con la duda de que ésta no caiga en el otorgar alguna ventaja a las empresas del Estado. Ahora todo regresaría como antes de 2013, cuando solo PEMEX y CFE podían invertir en el sector energético y operar. Esto convertiría en una tentación, derivada de que en los últimos años la mayoría de los contratos han sido otorgados por asignaciones directas, aludiendo a que son de interés público y no hacerlo pondría en riesgo a la autosuficiencia energética.
3. Pemex y CFE, dejarían de ser demandadas bajo la ley mercantil, y en el caso de tener una demanda internacional, ésta tendrá que ser realizada, no con las empresas, sino con el Estado. Esto no es del agrado en los mercados actuales. Además, que ahora ha surgido la figura de expropiación de activos, ante la premisa que son de interés público, como reza la ley de expropiación, y cuyo precedente es la declaratoria de causa de utilidad pública de la Planta Productora de Hidrógeno, ubicada en la Refinería de Tula, a favor de Pemex Transformación Industrial. Cuando las empresas pasen de nuevo a ser estatales, cualquier contrato firmado con ellas, podría convertirse en interés público. Podría haber un incremento de los costos de las licitaciones y cualquier forma de contratación. Hoy, ante la falta de pagos a proveedores, altos riesgos sobre el nivel de las calificaciones crediticias en los mercados financieros, y la posible cancelación anticipada de un contrato; complicarán el apalancamiento para las empresas que quieran contratar con estas. Estando expuesta a altos costos financieros por las tasas de interés altas, y términos y condiciones severos, garantías o fianzas altas que cubran el negocio, por hacerlo con las empresas del Estado. Al fin y al cabo el presupuesto aguanta. Recordando algunos de los contratos, Pemex y CFE, no dan anticipos para un servicio, obra o producto.
4. En el sector energético, la mayoría de los proyectos desde su concepción hasta su operación pueden pasar de 3 a 5 años. Si los permisos tardan más tiempo del estipulado, muchas inversiones no se realizarán ante el riesgo de no ser viables, ante la decisión unilateral de la Secretaría de Energía, producto de un conflicto de interés por la posible tentación de asumir que podría debilitar a las empresas del Estado.
Conclusión: El T-MEC en 2026 depende de la incertidumbre creada en 2024, y cómo ésta se pueda disminuir a partir de 202, si mantienen las mismas reglas actuales, y si la figura de expropiación toma un radicalismo alto al pretender decir que el todo es de interés público.