Nadie duda que la impartición de justicia adolece de graves y profundos vicios que no ha sido posible erradicar.
Sin embargo, es racionalmente inaceptable que el remedio sea la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Hasta ahora, sólo se debaten consideraciones políticas y técnicas sobre la constitucionalidad de la reforma judicial; pero no existe un estudio profesional de los efectos perniciosos que tendrá el cambio de juzgadores.
Muchos de los juzgadores electos carecerán de conocimientos y experiencia forense; y todos deberán dedicar un tiempo considerable a estudiar y comprender los asuntos rezagados sin haber participado en su desarrollo y diligencias desahogadas.
Considero que sería de gran beneficio reflexionar lo dicho por el Dr. Adolfo Arrioja Vizcaino en su obra sobre el federalismo publicada en 1999.
“No puede agotarse el tema de la división de poderes, sin hablar de la independencia del poder judicial frente a los otros dos poderes. Se trata de una cuestión demasiado importante como para tratarla a la ligera.”
“El control de la constitucionalidad es una actividad tan compleja y delicada, que sólo puede encomendarse a quienes posean los conocimientos jurídicos, experiencia forense y probada rectitud”.
“Evidentemente, la selección de estas inusuales cualidades no puede dejarse al arbitrio de un electorado popular que, en su gran mayoría, desconoce los merecimientos que deben tenerse para el cumplimiento de esa función.”
“Decía el cardenal Cisneros, a Isabel La Católica: Dale a tu pueblo justicia antes que conquistas, palacios o trigo.
Porque sin justicia no tendrá ánimos para celebrar tus victorias ni para admirar tus palacios. Ni siquiera para probar tu pan.”
Para que subsista el Estado constitucional y democrático, es necesario que nadie haga fraude a la ley, torciendo su elaboración e interpretación para alcanzar con medios artificialmente lícitos fines ilícitos.
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