Ciberseguridad y desconfianza

  • Opinión fundada
  • Ricardo Corona

León /

Hablar de tecnología y justicia en México debería ser sinónimo de aprovechamiento de la innovación para mejorar la calidad de servicios que son fundamentales para el desarrollo del país. Más aún, cuando la historia reciente ha enfatizado la necesidad de explorar nuevas rutas que permitan reducir las brechas que hay entre lo que dicen las leyes en el texto y lo que se refleja en el día a día de la ciudadanía. Por citar algunos ejemplos, en una denuncia penal, una demanda de alimentos, un divorcio, una herencia, una notificación, el cobro de un adeudo o en la ejecución de una sentencia; todo podría mejorar con la implementación de soluciones tecnológicas que vayan más allá de reformas, datos cuantitativos, capacitaciones, compra de equipo o cualquiera de esas acciones que tantas veces han quedado a deber con el producto final, una justicia de calidad.

Hace unos días circuló una nota que refería a la dupla tecnología y justicia. Sin embargo, lamentablemente no se trataba de la búsqueda de soluciones para mejorar el poder judicial o algo por el estilo. Se debió más bien a que la estructura del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) fue vulnerada con un ataque cibernético o de su seguridad informática. Esto significa que delincuentes virtuales ingresaron al lugar donde se alojan sus bases de datos y todos sus expedientes; es decir, ingresaron a un universo de millones de datos. Con esa información en su poder se pueden cometer actos ilícitos como pedir un rescate para no hacerlos públicos, o venderlos a quienes puedan sacarle algún otro provecho ilícito.

¿Por qué sucedió? Parece que el PJCDMX enfrenta el reto que algunas otras áreas del Estado mexicanos han sufrido en el pasado reciente: la falta de una política de ciberseguridad adecuada que impida ataques maliciosos y vulnerabilidades. Eso permitió que la información digital vinculada al quehacer del PJCDMX fuera sustraída. Entre otros, datos personales de sus operadores (servidores públicos y abogados privados que intervienen en los juicios), de ciudadanos que son parte en los juicios, de expedientes judiciales y material sensible; o bien, poder revisar el sistema de citas, la información confidencial de servidores públicos. Esperemos que esta no sea una nueva ruta que contribuya a la desconfianza en la justicia mexicana, ahora de la mano de la tecnología, cuando debería ser una alternativa para estar a la vanguardia y atender la demanda ciudadana que se hace cada vez más visible, sin importar la entidad o el orden de gobierno, de justicia.


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