La tecnología es hoy, sin escatimar, un eje transversal que ha invadido por igual a profesiones y disciplinas. Por ejemplo, hace poco más de 70 años, mientras que el Dr. Percy Spencer trabajaba en el desarrollo de radares, terminó por revolucionar accidentalmente la industria de los alimentos.
Creó el primer horno de microondas, un invento que logró hacer más eficientes aquellos procesos en los que hasta los más experimentados cocineros tenían que cumplir: calentar o cocinar los alimentos.
A diferencia de esa casualidad que desembocó en la modernización de la cocina, en otras áreas se ha pretendido aprovechar la tecnología, aunque los resultados todavía no han sido los esperados.
Una de ellas es el derecho, en su búsqueda por lograr que más personas tengan acceso a aquello que ha sido necesidad imperante en el día a día de muchas personas: justicia. Quienes vivieron el tránsito de una mítica máquina de escribir Olivetti verde, que no permitía errores en la elaboración de acuerdos del juez o destinar horas en realizar una notificación, a un ordenador que publique esos acuerdos en una página electrónica y realizar notificaciones virtuales, son testimonio de la evolución tecnológica en la administración e impartición de justicia.
Un verdadero cisma en el que, quienes no practican la resiliencia, han corrido un mayor riesgo de quedar varados, a pesar de contar con suficientes conocimientos jurídicos.
Expertos en el análisis del Diario Oficial de la Federación y legislación, de tesis jurisprudenciales, en transcribir audiencias o dar asesoría. Todas ellas, actividades que han comenzado a ser realizadas por algoritmos sustentados en modelos diseñados por abogados y programadores, incluyendo asesorías mediante asistentes virtuales a través de una cada vez más popular inteligencia artificial.
A pesar del esfuerzo documentado en algunos estados y a nivel federal para implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar el desempeño la administración e impartición de justicia, así como la rendición de cuentas, es frecuente escuchar que se le sigue quedando a deber a los destinatarios finales: la ciudadanía.
Las razones pueden ser, entre otras, desde la falta de presupuesto o de coordinación, hasta la resistencia de tomadores de decisiones por no aprovechar esos recursos que bien podrían mejorar los números en cuanto a denuncias de delitos, notificaciones, audiencias, ejecución de contratos o cualquier otro mecanismo legal que actualmente enfrente el reto de mantener prácticas obsoletas, las cuales se aferran a no aprovechar la tecnología y terminan por afectar el prestigio de la actividad judicial, ocasionando que, por ejemplo, en 2019 el INEGI reportara que 31.9% de la ciudadanía confía algo en los jueces y solamente el 14.8% confía mucho.
Actualmente, este contexto de pandemia por covid-19 en la que se antoja escuchar que habrá consecuencias negativas en diferentes ámbitos y durante años, es inevitable pensarlo también como una oportunidad.
Se necesitará de un mayor esfuerzo judicial ante la oleada de, entre otros, juicios de divorcio, laborales, por incumplimiento de contratos, cobro de deudas y denuncias de delitos que lamentablemente será inevitable hablar de su incremento.
Pero eso no es nuevo, pues se trata de una consecuencia inercial de la pandemia.
Lo nuevo sería escuchar que se unifiquen los criterios en la adopción de soluciones tecnológicas en todos los poderes judiciales estatales y federal, para lograr que su desempeño mejore de manera integral y no a partir de esfuerzos aislados, que la justicia sea eficaz, eficiente y tan accesible como calentar un plato de sopa en el horno de microondas.
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
ricardo.corona@koalsulting.com