Hasta hace poco se hablaba con énfasis de lo que en México se podría lograr adoptando soluciones tecnológicas en el campo de la justicia. Discusiones que hacían inevitable voltear a ver el ejemplo que ponen países como Estonia con su proyecto de juez robot con el que, a partir de inteligencia artificial (IA), han buscado resolver juicios menores por hasta siete mil euros, atendiendo así el rezago y la carga de trabajo que obstaculizaba el adecuado desempeño de su justicia; en Argentina, con el juez robot Pretoria que ha elaborado sentencias en menos de un minuto, con un 96% de apego a la ley; o en Colombia, que ha permitido reducir los tiempos para la determinación de casos urgentes de casi cien días, a un par de minutos.
A pesar de la innovación que se observa en otros países, la realidad que vive la justicia mexicana no pinta como para que vaya a voltear hacia la tecnología, por lo menos de aquí al 2027. Y es que la reforma judicial que actualmente se está implementando y que se posicionó en gran medida, dentro y fuera del país, por la intención de que los juzgadores sean electos por voto popular, ha mandado, entre otros, un mensaje de abandono a la tecnología como pocos. Por si hay dudas al respecto, basta ver el reciente proceso para la selección de juzgadores que serán despedidos a partir de 2025, con un desaseado uso de pelotitas de la suerte al más puro estilo de la clásica Lotería Nacional, que nada envidiará a las famosas frases de “sube Pelayo sube” o “lástima, Margarito”.
Es así pues, como hoy parece imposible profundizar en la relación entre tecnología y la justicia mexicana. Seguirán teniendo un gran camino por delante, al amparo de la reconfiguración de un sistema judicial que no se sabe hasta dónde llegará. Pero que por ahora, no podrá apelar a la implementación de soluciones tecnológicas para atender retos que con y sin reforma, paros y transformaciones, no han dejado de afectar el adecuado desempeño judicial que se refleja en el día a día de la ciudadanía. Sirvan de ejemplo la carga de trabajo en sus juzgados federales y locales, el rezago de expedientes, mejorar la calidad de interacción con otras autoridades, cerrar espacios a la corrupción, abrir canales de denuncia, sistematizar trámites y procesos o mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas. Parece pues, que la prioridad no será implementar verdaderas políticas judiciales sustentadas en análisis y evidencia, sino las campañas políticas judiciales.