Juan le rentó a Rosendo una casa en la ciudad. Claro, todo con contrato en mano y firmado con un aval porque “papelito habla”. Un día Rosendo dejó de pagar la renta y pidió prórroga unos meses. Transcurrido ese tiempo, Juan pidió a Rosendo que le regresara su casa y que olvidara del adeudo, pero la respuesta fue una negativa porque no tenía a dónde ir a vivir con su familia. Se le insistió nuevamente y su respuesta fue tajante: “no y a ver sácame o demándame, a ver cómo nos va”. Vio la oportunidad de quedarse con una casa que no era suya.
Juan no tuvo más remedio que contratar a un abogado para recuperar su casa, que ya estaba invadida por otras familias más. Acudió ante la justicia local y se le dio la razón para que le entregaran su casa, pero Rosendo impugnó esa sentencia en la segunda instancia local, misma que volvió a perder y, como último recurso, presentó un amparo ante la justicia federal con el argumento de que su derecho humano a la vivienda estaba siendo afectado. El asunto no prosperó para Rosendo y tras un par de años de juicios, de no cobrar renta, de ayudar en las notificaciones y en el desalojo con apoyo de la policía y un grupo cargadores, Juan recuperó su casa, maltratada y con excesivos adeudos de agua y luz. Pero apenas iba a la mitad en el camino de la justicia, porque le faltaba embargar la casa que Rosendo había dejado como garantía para recuperar algo de lo gastado durante años de juicios. Una vez embargada la garantía, con la sentencia de jueces y magistrados a su favor, Juan pensaba en cobrar pronto, cuando unos oficiales de la Fiscalía local, en representación del Ministerio Público, tocaron su puerta para informarle que estaba denunciado penalmente por fraude en contra del señor Rosendo.
Al final todo quedó en que, al ser un asunto civil totalmente concluido, el Ministerio Público no podía judicializar algo que ya había sido juzgado, aunque Juan le tuvo que invertir prácticamente otros dos años más al problemita para recuperar algo de lo que gastó durante siete años.
¿Hasta dónde podrá atender la reforma judicial mexicana que actualmente se discute, los retos que, como Juan, miles de personas enfrentan diariamente en juzgados, ministerios públicos y todas las instancias que se vinculan en los diversos procesos judiciales? Si así nos va con los aplicadores de justicia que tenemos actualmente capacitados y con experiencia, habrá que imaginar lo que sucedería con juzgadores legitimados mediante el voto ciudadano o ¿será que la justicia federal es solo un caprichoso pretexto más en detrimento de la democracia y el futuro del país?