Los llamados órganos constitucionales autónomos (OCA) fueron un implante, una imitación extralógica que promovió la tecnocracia político-financiera que malgobernó a México durante tres décadas.
Los OCA no responden a ninguna demanda popular fundacional de nuestro país. Ninguno de los grandes movimientos sociales y populares que han dado identidad democrática y libertaria a México, como el movimiento estudiantil de 1968; los movimientos campesinos y obreros de la década de 1960; la expropiación petrolera de 1938; la revolución de 1910; las constituciones liberales de 1917, 1857 y 1824, o el Acta de Independencia de la Nación Mexicana, los mencionan como figuras indispensables, definitorias o irremplazables.
Más aún, en ninguno de los documentos básicos de los partidos actualmente existentes los aluden siquiera como instituciones irreductibles o esenciales de nuestras luchas democráticas o del andamiaje constitucional. Así que nadie se debe rasgar las vestiduras por su desaparición.
Los primeros OCA nacen en Europa en los años noventa del siglo pasado, cuando surgen los primeros movimientos de protesta de obreros industriales, productores del campo, clases medias empobrecidas, profesionistas y universitarios desempleados que atribuían al neoliberalismo económico y a la política de privatizaciones la creciente desigualdad, pobreza y estancamiento económico de sus naciones.
El arribo al poder de movimientos de izquierda en Grecia, Italia, España y Brasil, al amparo de ese malestar social y ciudadano creciente por los malos resultados de la globalización económica, llevó a la tecnocracia financiera y política a diseñar estos órganos constitucionales autónomos, como una forma de hacer contrapeso y frenar a los nuevos gobiernos de izquierda.
En todos lados el diseño institucional es el mismo: son dependencias integradas por técnicos y especialistas que duran en sus cargos más tiempo que las y los legisladores que les dan vida; no están sujetos al escrutinio electoral ni a la aprobación ciudadana; sus decisiones son inatacables e inapelables; presuntamente no tienen filias ni fobias políticas, pero sí sueldos y prestaciones superiores a las del mercado laboral para “garantizar” su independencia funcional.
Al amparo de una escuela jurídica conocida como neoinstitucionalismo, cuyo postulado central es que los conflictos sociales y políticos pueden ser neutralizados, moldeados y postergados (no necesariamente resueltos) a través de instituciones administrativas y burocráticas, la tecnocracia mexicana importó estos OCA con las llamadas reformas estructurales de 2013-2014.
Es importante aclarar lo siguiente: estos OCA desaparecen por ser caros y duplicar funciones burocráticas, pero los principios democráticos que buscaban preservar se mantienen.
La transparencia y el acceso a la información pública seguirán vigentes y garantizados en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Fiscalía Anticorrupción.
La competencia económica no se abandona, como tampoco la prestación del servicio de telecomunicaciones a buen precio y de buena calidad o la provisión de hidrocarburos y el servicio de energía eléctrica en el país.
En síntesis, los principios democráticos de acceso a la información, competencia económica y libre mercado siguen vigentes, lo que desaparece es la forma burocrática, onerosa e ineficaz bajo la cual se les quiso dar vida institucional.