En el Poder Judicial de la Federación trabajan aproximadamente 51 mil personas, de acuerdo con el último censo del INEGI. De todas ellas, solo 1654 posiciones (el 3.3%) tendrían que cumplir con el nuevo requisito que contempla la Reforma Judicial: ser de las más votadas de una lista paritaria de mujeres y hombres, previamente seleccionados por un comité de evaluación en cada uno de los tres poderes de la Unión.
No desaparece ninguno de los requisitos de preparación, idoneidad y capacitación que actualmente contempla la Ley de Carrera del Poder Judicial para las y los jueces de distrito y magistrados de circuito; únicamente se añade el de ser la persona más votada el día que se realice la elección ciudadana judicial.
Este último requisito es precisamente el que más resistencia y rechazo ha generado entre quienes se oponen a la Reforma Judicial. Como si se tratara de las urnas fúnebres del Poder Judicial, en lugar de las urnas electorales de donde hemos salido las personas que integramos los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo.
Es importante señalar que, hoy en día, las y los magistrados y ministros ya son electos por la ciudadanía, solo que de manera indirecta, porque obtienen sus cargos del acuerdo entre dos actores que previamente pasaron por las urnas: el Ejecutivo (emanado de una elección popular) y de la votación mayoritaria de las y los senadores (quienes, a su vez, son producto de una elección ciudadana).
Lo que propone la reforma al Poder Judicial es eliminar la intermediación de esos dos poderes (que solo tendrán la facultad de proponer, pero no de designar), dejando a la ciudadanía la selección mediante voto.
De esta forma, las y los jueces adquieren una legitimidad paritaria, del mismo peso, rango y valor que legisladoras, legisladores y la persona titular del Ejecutivo, no una legitimidad indirecta o delegada, como la que actualmente ejercen. Serán pares, no nones.
Emparejar y alinear la fuente de legitimidad de las y los jueces, mediante el voto popular, es el mejor camino para garantizar y fortalecer la autonomía e independencia judicial frente a los otros dos poderes, que es precisamente la razón de ser de toda judicatura en una sociedad democrática.
Sobre los riesgos de que lleguen a la judicatura personas improvisadas, sin experiencia o no preparadas, es preciso aclarar que ninguno de los requisitos esenciales que en la actualidad se establecen para ser juez o jueza serán derogados; simplemente se añade el de la validación ciudadana mediante sufragio universal, directo y secreto.
Sobre el riesgo de que la partidocracia y la corrupción política arrebaten o roben a la ciudadanía el derecho a designar a sus juezas y jueces, recordemos que los partidos están absolutamente fuera del proceso de selección y evaluación de aspirantes, porque quienes integren los comités de evaluación serán personas de la academia y del ejercicio de la abogacía, sin militancia partidista. Y respecto al peligro de que el crimen organizado ponga a sus jueces, debemos remarcar que ninguna o ningún abogado con antecedentes de defender a delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada podrá ser propuesto.
El voto ciudadano y popular tal vez no sea suficiente para mejorar la justicia en el país. Se deben transformar también las policías, las fiscalías y los penales. Pero puede ser el inicio de algo mejor que lo que ahora tenemos; ni duda cabe.