A un mes del arranque de la Administración Pública Federal con la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto sobre la mesa pública como y con qué conducir su gestión mediante una iniciativa para reformar-adecuar la norma básica que guiará su gobierno: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual habrá que conocer y analizar a detalle en sus distintas ramas de operación, secretarías y dependencias (ver iniciativa en https://bit.ly/40t1kkL).
El planteamiento inicial, se indica en la exposición de motivos, está en que para encabezar “un gobierno honesto, libre de influyentismo, corrupción o impunidad” […] “iniciaremos una reingeniería de la Administración Pública Federal”.
Sujeto a debate, pues supone una concepción del ejercicio de lo público, es la afirmación en la que “el gobierno es el actor más importante en la dirección de la sociedad, sin que ello implique que otros sectores no sean representados” (pág. 6 de la iniciativa). ¿Gobierno como “el actor más importante en la dirección de la sociedad”? Cuestionable, si partimos que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y en un modelo de gobernanza participativa se subordina a la sociedad bajo la premisa de que el actor más importante es el gobierno. Entre los cambios-reformas que se proponen me centro, por ahora, en la transformación de la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que se plantea cambiar su finalidad sustancial para que pase de ser un órgano correctivo-sancionador a un órgano preventivo. Bien por ello.
Sin embargo, no encuentro en toda la propuesta de “reingeniería” una correlación explícita con la iniciativa heredada de reforma constitucional sobre “simplificación administrativa” (ver: https://bit.ly/3OGCQhr y https://bit.ly/3Ysy9gV) que abone a la congruencia y certidumbre, en particular con la extinción del INAI y el IFT. Mención aparte es el Sistema Nacional Anticorrupción (con fundamento constitucional), sobre el que no hay propuestas explícitas sobre si se reformula, integra o fusiona a las funciones de lo que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información (cosa distinta a lo que es la transparencia -cualidad que denota honestidad, por ejemplo, aunque esta supone la garantía y ejercicio de ese derecho fundamental), la “reingeniería” planteada no despeja dudas sobre el cómo, con qué, se garantizará en todo el país, en las entidades federativas, en los municipios, tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales. Y lo mismo habría que considerar sobre el IFT y los derechos fundamentales que están en juego, como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
De proceder la desaparición del INAI, en particular, se anticipan leyes generales sobre los derechos en juego, y mientras estas no se pongan sobre la mesa pública, más que la incertidumbre de la extinción del INAI y órganos garantes locales, los derechos fundamentales estarán en vilo.