En los juzgados familiares de la Ciudad de México, la justicia desestima pruebas contundentes y exhibe un alarmante desconocimiento e indiferencia ante la violencia de género. El actuar de ciertos jueces y juezas en estos tribunales es un reflejo de cómo el sistema de justicia sigue siendo profundamente patriarcal, insensible e incapaz de impedir que las calumnias y difamaciones sean usadas como herramientas legales. Esta complicidad institucional no solo revictimiza a las madres, sino que pone en riesgo el bienestar de los hijos, perpetuando un entorno de abuso y manipulación. Esta es mi denuncia pública como madre que se topó con un sistema que no solo normaliza, sino que perpetúa la violencia de género, abandonando a las madres y a sus hijos a su suerte.
Antecedentes del caso: un camino de desigualdad y violencia económica
Durante cuatro años, tras mi separación y posterior divorcio, compartí la guarda y custodia de mi hijo con mi exmarido bajo el supuesto de que ambos buscaríamos su bienestar y compartiríamos los gastos de forma igualitaria. Sin embargo, durante esos años tuve que asumir prácticamente sola la mayor parte de los gastos de nuestro hijo, sufriendo violencia económica. También fueron años de disputas y pleitos entre mi exmarido y yo porque no logramos ponernos de acuerdo sobre asuntos que atañen a la salud, a la educación y a la recreación de nuestro hijo. Estos enfrentamientos tuvieron efectos desastrosos en su salud emocional. Aparecieron en él síntomas de ansiedad y se empezó a enfermar de forma reiterada. Los chantajes de mi exmarido hacia mi hijo fueron cada vez más frecuentes: “No puedo pagar tu colegiatura, lo mejor es que te cambies de escuela”, “¿Por qué quieres ir a Voleibol? ¿Ya no quieres estar conmigo?”. Tuvimos incluso un gran pleito porque al principio rechazaba la vacuna en contra del COVID y no quería que se la pusiéramos a nuestro hijo. Por estos motivos, interpuse a principios del año pasado un incidente de modificación de guarda y custodia para obtener la guarda completa de nuestro hijo y poder garantizar su bienestar, buscando disminuir su exposición a chantajes emocionales y discusiones hostiles; buscando también la forma de que mi exmarido cumpliera, por fin, con su parte de obligaciones alimentarias.
Pruebas verificables contra acusaciones sin sustento
Al iniciar el proceso legal de solicitud de cambio de guarda y custodia, presenté pruebas contundentes de mi implicación constante en la vida de nuestro hijo, incluyendo evidencia detallada de mis aportes económicos y del cuidado que he brindado a mi hijo desde nuestra separación. Facturas y transferencias que acreditan mis pagos de colegiaturas, consultas médicas, actividades recreativas, actividades extraescolares, terapias psicológicas, todos mostrando claramente que he asumido la mayoría de los gastos relacionados con su bienestar. También documentos que demuestran que, tras la separación, fui yo la que gestioné y cubrí los costos de la atención psicológica que nuestro hijo necesitaba para manejar la situación y que abrí una escuela en mi domicilio para atender las necesidades de nuestro hijo y de cuatro compañeros suyos durante la pandemia por COVID. En definitiva, que siempre me preocupé por su desarrollo personal y psicológico.
En respuesta, mi exesposo no presentó pruebas, sino que centró su estrategia en denigrarme, lanzando acusaciones cargadas de lenguaje misógino. Me calificó de padecer “enfermedades mentales”, de tener una “mente atormentada por la inestabilidad emocional”, de haber “dado muestras de inestabilidad”, de sufrir “convulsiones de ira”, de ponerme “loca” y “estar siempre alterada”. No se limitó a denigrarme con estos calificativos, sino que también me acusó de “maltratar” a nuestro hijo, de “consumir drogas”, además de ser una “madre ausente” que “ha incumplido con sus obligaciones de madre” e “incurrido en descuido total con su hijo”, afirmando que resultaba en “extremo peligroso” que nuestro hijo conviviera conmigo. Apoyándose únicamente en calumnias sin sustento probatorio, concluyó solicitando al juez que se me practicara un “electroencefalograma para determinar el grado del mal que [me] aqueja”, se me sometiera a una “valoración neurológica” y a una “prueba pericial toxicológica de anfetaminas/metanfetaminas, cocaína y cannabinoides” y, por ende, a un “tratamiento psicológico, neurológico y psiquiátrico” debido a mi “estado mental". A pesar de la falta total de evidencia, el juez permitió que estas acusaciones circularan en el expediente, validando con su inacción la violencia de género como una estrategia legal aceptable.
Frente a los ataques difamatorios en mi contra, siempre respondí con argumentos racionales y hechos comprobables. Una prueba clara de mi capacidad como madre es que, apenas unas semanas después de que me quitaran la custodia provisional de mi hijo, otro juez en los mismos juzgados familiares, pero en diferente piso, me otorgó a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la adopción de una niña. Cualquier familia que ha adoptado sabe lo exhaustivo y emocionalmente desafiante que es el proceso: evaluaciones psicológicas rigurosas, visitas domiciliarias, entrevistas y análisis detallados de la vida personal y familiar. Este proceso solo permite que personas realmente preparadas y capaces reciban la oportunidad de adoptar. No le darían un niño o una niña a alguien que no esté a la altura. Cada paso en este camino está diseñado para garantizar el bienestar del menor, algo que yo, como madre, he demostrado estar lista para ofrecer.
Denuncia de la praxis judicial: un juez que desprecia la perspectiva de género
Nada de lo que mi exmarido me acusó fue demostrado con pruebas. Sus mentiras y calumnias formaron parte de una estrategia calculada, diseñada por él y sus abogados, con el objetivo de desacreditarme ante el juez, dañar mi relación con mi hijo y anular mi autoridad parental.
Difamar no es un acto trivial, y la violencia de género tampoco lo es; ambas tienen consecuencias reales y profundas en la salud emocional de las víctimas. La violencia de género contra las mujeres busca denigrar a la mujer para desestabilizarla y destruirla, y, lamentablemente, lo logra. Esta violencia tuvo un impacto devastador en mi autoestima y, más grave aún, en la salud emocional de mi hijo. Aunque intenté resistir estoicamente las agresiones, el daño a mi integridad emocional fue inevitable. Las falsas acusaciones —llamarme ‘loca’, ‘drogadicta’, ‘maltratadora’, ‘madre ausente’ y un ‘peligro’ para mi hijo— me han afectado profundamente. Por eso, creo firmemente que las acusaciones falsas no pueden ser normalizadas por el sistema judicial; al contrario, deben ser sancionadas con rigor. ¿No es acaso un principio de la justicia que todos nos conduzcamos con la verdad? Entonces, ¿por qué la justicia no sanciona este tipo de violencia en lugar de ignorarla?
Desde que solicité ante los tribunales el cambio de guarda y custodia, mi hijo empezó a acusarme de “maltratarlo psicológicamente”; a su vez, empezó a amenazarme con frases como "le voy a decir al Juez que me diste alcohol", "le voy a decir que me has maltratado" y "le voy a decir que me dejaste sin comer". De pronto, me di cuenta de que mi exesposo estaba haciendo todo lo posible para romper el vínculo maternofilial y cumplir con su objetivo: tenerlo bajo su control para dañarme alejándolo de mí. Mi caso es un ejemplo claro de violencia vicaria, una estrategia que mi exmarido utilizó para destruir mi relación con nuestro hijo mediante la manipulación y la instrumentalización del adolescente. El día de la entrevista con el juez, mi hijo validó la versión de su padre, quien previamente había leído en voz alta todo el expediente frente a él. Este tipo de manipulaciones son un claro ejemplo de violencia vicaria, ya que están diseñadas para erosionar la relación materna, alimentando una narrativa de desprecio y desconfianza en la mente de los niños y jóvenes. Esta violencia busca no solo el control y la sumisión de la mujer, sino también la destrucción de su vínculo afectivo con sus hijos: manipula y utiliza a los hijos como herramientas para causar daño psicológico a la madre. El juez, sin considerar el contexto de manipulación evidente, sin escuchar a los testigos y sin esperar las pericias del psicólogo, otorgó inmediatamente la custodia provisional al padre, rompiendo abruptamente el vínculo materno-filial y sin atender el daño psicológico que tal decisión causaría en mi hijo. Después de ese día, la imagen que mi hijo tenía de mí se deterioró hasta el punto de ya no querer verme, de evitar en un principio toda comunicación conmigo, de renegar no solamente de mí, sino también de todo lo que por extensión se relaciona conmigo, en particular de sus abuelos maternos.
Un juicio plagado de irregularidades y sesgos
Cuando el Juez resolvió en beneficio de mi exmarido, comentó “lo más seguro es que ésta sea la sentencia definitiva; es muy poco probable que los peritajes psicológicos me hagan cambiar de opinión”. Este comentario revela una praxis judicial profundamente viciada que traiciona el principio básico de imparcialidad. ¿No debería un Juez revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes y emitir su sentencia basándose en un examen minucioso del material probatorio? En ese momento, aún quedaban por desahogar pruebas testimoniales y realizar los peritajes psicológicos. Entonces, ¿por qué apresurarse a emitir un fallo sin haber considerado todas las evidencias? ¿Por qué desechar de antemano elementos que podrían ser decisivos en el veredicto final? Además, el juez, al declarar 'yo le creo 50% a cada uno', no solo trivializó su rol, sino que también puso en evidencia una preocupante falta de compromiso con la imparcialidad y el rigor judicial. Esta declaración no solo es un insulto para quienes presentan pruebas contundentes ante los tribunales, sino también una peligrosa demostración de cómo los prejuicios pueden sustituir la valoración objetiva de la evidencia, revelando un claro desconocimiento de lo que significa juzgar con perspectiva de género. El hecho de que la justicia familiar en México permita que estas tácticas prosperen, revela no solo una falla sistémica, sino una complicidad directa. ¿Cómo puede considerarse esto un juicio justo? ¿Cómo puede un sistema judicial, encargado de proteger el interés superior de la niñez, ignorar las herramientas de manipulación psicológica utilizadas por un progenitor para perjudicar al otro?
Hace una semana se publicó la sentencia del juez decretando el cambio de la guarda y custodia definitiva de nuestro hijo a favor de mi exmarido, imponiendo un régimen de visitas y convivencias extremadamente limitado, exigiéndome el pago de las colegiaturas y, a parte, fijando una pensión alimenticia a mi cargo.
La reciente reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, publicada el 10 de octubre de 2023, reconoce la violencia vicaria como un acto que “provoca la separación de la madre de sus hijas e hijos (...) para controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo”, ocasionando un “daño psicoemocional”. En esta ley se reconoce explícitamente el tipo de violencia que he sufrido.
“Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocer [la violencia vicaria], emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior de la niñez.”
Estas actitudes perpetúan el ciclo de abuso y desincentivan a las víctimas de buscar la protección que merecen. Necesitamos un sistema que ofrezca juicios verdaderamente imparciales, que no permita la violencia vicaria ni la difamación como herramientas legales, y que proteja a los niños y niñas de ser manipulados. El interés superior de la niñez debe ser una práctica real, no solo un lema. No podemos permitir que la violencia de género y la manipulación encuentren refugio en nuestros tribunales. Las mujeres merecemos un sistema que nos defienda, no que nos revictimice. Es hora de que jueces y autoridades actúen con la responsabilidad y la perspectiva que estos tiempos exigen.