Una mañana de abril de 2019, cuatro reporteros del Semanario Zeta, de Tijuana, Baja California, tuvieron frente a ellos lo que para un periodista de investigación es un tesoro: 85 mil facturas que mostraban los gastos millonarios de los diputados de ese estado. Se encontraban en las oficinas del Poder Legislativo, en el Centro Cívico de Mexicali. Ese momento fue el clímax de una lucha de ocho meses de ese medio de comunicación, dirigido por la periodista Adela Navarro, tras una primera solicitud de transparencia para conocer en qué se había ido el dinero para “gasto social” y “funcionamiento de comisión”. En Baja California no existía precedente de una investigación periodística que intentara inspeccionar el destino de los más de 300 mil pesos mensuales que recibe cada legislador por esos conceptos.
Pero ganar la pelea no fue fácil: fueron ocho meses de pleito legal, negativas y fundamentación ante distintas instancias para que finalmente se abriera una parte de sus cuentas al escrutinio público. ¿Qué se descubrió al revisarlas? Que el dinero erogado era utilizado como un cheque al portador para beneficiar a amigos y correligionarios, para comer en lujosos restaurantes, viajes sin sustento, moteles de paso, contratación de comediantes, o bien, a empresas fantasma con domicilios inexistentes o utilizados de fachada para la triangulación de capitales.
También eran usados para la compra de víveres y objetos personales como desodorantes, pasta de dientes, jabones, televisiones y más, que evidentemente se encuentran fuera de los gastos profesionales por los que son acreedores a dichos montos.
El relato anterior lo cuenta el reportero de ese semanario Eduardo Villa, en un libro editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) que estará en circulación próximamente. En él se exponen las historias detrás de los reportajes sobre casos de corrupción investigados por periodistas en distintos estados del país y que sin un órgano que garantice el derecho a la transparencia y acceso a los datos hubieran sido imposibles de revelar.
El pasado 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prepara una reforma para que órganos autónomos sean absorbidos por el propio gobierno federal; en el caso del INAI sería por la Secretaría de la Función Pública, y usar ese dinero en enfrentar la epidemia por Covid-19. “El mayor peligro de los gobiernos es querer gobernar demasiado”, decía una famosa frase de Mirabeu.
La sola noticia dada por el Presidente suena desastrosa: es echar atrás el esfuerzo de décadas que empezó en el llamado grupo Oaxaca, que inició en una reunión en esa ciudad en mayo de 2001, que se extendió a otros encuentros en los que participaron académicos y periodistas, convocados por Luis Javier Solana. Entre ellos estuvieron periodistas como Roberto Rock, Rossana Fuentes Berain, Miguel Treviño, Jenaro Villamil; y académicos como Salvador Nava, Issa Luna, Jorge Islas, entre otros.
Desde ópticas divergentes e incluso polarizadas entre sus miembros, encontraron algo en común: la necesidad de impulsar el derecho al acceso a la información pública. La iniciativa dio pie a la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y nació así el entonces IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) ahora INAI.
Aquello fue un logro histórico y a favor no solo de los periodistas, sino de la democracia: el periodismo se vale de expedientes, datos y archivos públicos para contar historias que sean útiles para la toma de decisiones de la sociedad.
El reportaje del Semanario Zeta, el de Río Doce, el de Proyecto Puente, el de Lado B, el de La Silla Rota… todos los mencionados en la obra a publicarse próximamente fueron posibles gracias a estos antecedentes.
Hay que recordar que aunque el periodismo de los estados ronde sobre todo en solicitar información a las instancias locales, el INAI es la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene facultades de atracción de recursos de los estados y son segunda instancia en caso de que las personas no queden satisfechas con la respuesta que les den los organismos locales. Esto, claramente no lo podría hacer la Secretaría de Función Pública, cuya titular además es una persona alineada al Presidente.
Algo aún más aterrador es que ya no habría autoridad que se ocupara de los datos personales en posesión de sujetos obligados ni en posesión de particulares.
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”, dice Theodore Roosevelt. Dar pasos atrás es borrar del mapa la esperanza de una nación mejor. Más educada, con más información para la toma de decisiones.
Es borrar momentos como el de las 85 mil facturas abiertas listas para su escrutinio que vivió el equipo de Semanario Zeta y otros más que, gracias a exponer realidades que se quieren ocultar, generan cambios a favor de una mejor sociedad.
*SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia