La cuestión de los derechos humanos en las últimas décadas ha formado parte de las prioridades de los gobiernos democráticos, invariable en la manera de ejecutar sus recomendaciones que están fijas por diversos convenios y tratados internacionales que en la práctica fortalecen al sistema democrático y establecen la equidad entre los individuos, apoyando a los más necesitados de protección sobre los abusos del poder político, económico o cualquier pretensión de irresponsabilidad contra un tercero; cuyo objetivo es proteger a la víctima vulnerable en lo que respecta a la no interferencia de la autoridad o sujeto en obligarle ejercer un acto contra su voluntad ideológica o la libertad de acción individual y sobre todo, el derecho a la libertad de expresión o cualquier otro que viole la libertad del individuo o bien, negarle su derecho o reclamo y no puede atribuir violaciones al respeto de los derechos sociales y culturales.
A partir de la década de los noventa, los tratados internacionales han establecido mecanismos para solucionar problemas de las personas afectadas por dichas causas y poner el ordenamiento para cumplir el derecho de cada uno de los individuos, aunque a la fecha no se pueden aplicar con absoluto rigor las reglas sobre la atribución de la responsabilidad, puesto que la complejidad de cada gobierno por su política, sistema jurídico y la forma de interpretación en las situaciones de violaciones a los derechos humanos al igual que los derechos civiles y políticos. Por esta razón, la Comisión de los Derechos Humanos encabezada por un ombudsperson no ha logrado cumplir con su trabajo que gira en torno a dos aspectos clave: la conciliación y asesoramiento para resolver el problema o la queja a base de responsabilidad que permite poder llevar la recomendación con éxito. Pese al buen trabajo que Ana Karen Parra Bonilla ha tenido, salvo la confrontación innecesaria abierta en contra la UAEH, la cual pudo evitarse y dejar de lado la incertidumbre de la sociedad hidalguense al interpretar su recomendación como un acto político más que la intermediación entre las partes.