La legislación en materia de acceso a la información y transparencia cumple 20 años. Nació con la transición democrática y prometió un gobierno capaz de rendir cuentas. El arranque fue difícil. El entonces IFAI tuvo que remar a contracorriente: los políticos resistían, los funcionarios desconocían y los ciudadanos no ejercían su derecho. Fueron necesarias dos reformas constitucionales y la creación de un sistema nacional para darle a la transparencia fuerza y horizonte. A lo largo de estos años hay logros ciertos que parecían inalcanzables. También se crearon rutinas virtuosas, nuevos retos y muchas malas mañas. ¿Cómo podemos valorar los resultados?
Gracias a la voluntad de los órganos garantes, desde sus primeros años la política de transparencia gubernamental ha sido periódicamente medida. Uno de los ejercicios más completos se ha realizado desde 2007, gracias al impulso del entonces IFAI y la ejecución del CIDE. Inicialmente conocido como “Métrica de la transparencia”, ahora se le denomina “Métrica de gobierno abierto”, pues el ejercicio mide también la participación ciudadana.
Hace unos días, sin ruido innecesario, el INAI abrió los datos de la edición 2021 de la métrica (bit.ly/3kijfUV). Se revisaron mil 365 sujetos obligados en los tres ámbitos de gobierno a través de miles de solicitudes de información, consultas a la plataforma nacional de transparencia, búsquedas de internet e intentos por hacer llegar propuestas a las oficinas públicas.
Hay hallazgos relevantes. Destacamos avances importantes en algunos sujetos obligados, la normalización en la práctica de publicar información regularmente (aunque la calidad es muy variable), obstáculos importantes para la participación ciudadana y serios déficits en la apertura de datos. El resultado que más inquieta es la interrupción de la tendencia positiva en materia de avances en la apertura gubernamental.
Pero mejor que cualquier síntesis o explicación, lo invitamos amable lector a dedicar unos minutos a consultar la información y responder sus propios interrogantes. Esta edición de la métrica incluye una plataforma de visualización que permite conocer, para cada sujeto obligado, cuál es su situación en materia de apertura gubernamental, cómo se compara con otros sujetos obligados o con sus equivalentes en otros estados. Se puede revisar, por ejemplo, cómo se compara la transparencia en los órganos autónomos respecto de los poderes Ejecutivo o Legislativo. Se puede comparar la oficina de la presidencia con sus equivalentes estatales o descubrir cómo se comportan los partidos políticos, los sindicatos o las universidades. ¡Anímese a explorar!
Breve nota: El lunes pasado la Suprema Corte declaró inconstitucional el ominoso Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil. ¡Bravo! Sobre este tema volveremos.
Sergio López Ayllón
Investigadores del CIDE