En apenas cuatro meses, el órgano reformador de la Constitución, controlado por Morena y sus aliados, aprobó 16 decretos que modificaron 72 artículos constitucionales, algunos de ellos más de una vez. Es un proceso inédito por su calado, impacto y velocidad, que todavía no concluye pues hay otras reformas en la lista de espera.
Una modificación constitucional afecta el conjunto del sistema jurídico. Hay que expedir nuevas leyes o reformar las existentes y este es solo el principio, pues hay que adecuar también las disposiciones reglamentarias y las normas administrativas de carácter general. Por eso los procesos de implementación llevan tiempo y generan una actividad importante de creación normativa.
Pero mucho más allá, las reformas junto con la dinámica política que se generó tras las elecciones de junio, nos permiten sostener que estamos frente a una nueva Constitución. En efecto, la arquitectura y dinámica de la división de poderes establecida durante la llamada “transición democrática” se alteró radicalmente. Hoy vivimos ya en un régimen constitucional que concentra amplias facultades, tanto formales como metaconstitucionales, en la Presidencia de la República y en la administración pública federal.
Junto con ello, el Poder Legislativo, dominado por una sola fuerza política, ha reducido a la oposición a un papel decorativo. La reforma judicial limita severamente las funciones de control y contrapeso del Poder Judicial Federal, en especial de la Suprema Corte de Justicia, mientras que diversas autonomías constitucionales han desaparecido. El federalismo ha cedido casi sin resistencias a los dictados del poder central. Las Fuerzas Armadas tienen un nuevo papel protagónico en la seguridad pública y, además, se abrió la puerta para que desempeñen labores propias de la autoridad civil. El programa social de la 4T es ahora mandato constitucional. Y el poder reformador de la Constitución no tiene más límite que el que impone la realidad política.
Es difícil prever con certeza las consecuencias de estas transformaciones. Llevará tiempo implementarlas, hay muchas preguntas sobre el proyecto político que conllevan y existen muchos puntos de tensión. Sin embargo, podemos anticipar que estamos frente a un cambio de paradigma en la concepción del Estado de derecho. Hasta ahora, las normas eran consideradas como orientadoras de la conducta y limitaban el ejercicio del poder. Su interpretación y aplicación quedaba, en última instancia, en manos de los jueces, especialmente del tribunal constitucional.
Ahora, el significado y la aplicación de las normas dependerán más de principios políticos y de la orientación general del gobierno. En este nuevo contexto, el sentido último de la ley será determinado por principios que se derivan de la política. Lo verdaderamente importante es entender que el juego ha cambiado, y que sus reglas apenas comienza a delinearse.