La reforma judicial va. Así lo ha reiterado la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero los problemas de diseño que tiene esa reforma empiezan a manifestarse en diferentes frentes. Uno de ellos son los Comités de Evaluación, cuyos procesos de selección revelan diferencias importantes y una buena dosis de discrecionalidad.
En su versión original, la propuesta de López Obrador otorgaba a los tres poderes la facultad de designar a las y los candidatos —con votación calificada en el Legislativo y Judicial— que aparecerían en las boletas electorales. Las observaciones surgidas en los foros de consulta llevaron a un ajuste que contó con la aprobación del mismo Presidente: ahora, comités especializados seleccionarán a los "mejores aspirantes" que deben cubrir una serie de requisitos que, de no estar en la Constitución, llamarían a sorna. Posteriormente, una insaculación determinará quiénes van a la boleta.
La integración de los Comités marcó la primera diferencia. Sus miembros, dice la Constitución, deben ser personas “reconocidas en la actividad jurídica”. Es un criterio tan vago que permitió integraciones variopintas con sesgos evidentes. El del Poder Judicial fue, sin duda, el más robusto.
Posteriormente, cada Comité elaboró sus reglas y criterios de evaluación. Pero solo el del Poder Judicial hizo un esfuerzo por precisar, entre otros elementos, cómo se evaluarían los criterios de promedio de nueve en las “materias relacionadas con el encargo”, determinó con detalle los puntajes para ponderar los diferentes elementos y estableció un recurso para quienes no fueran seleccionados. En contraste, los comités del Legislativo y Ejecutivo usan reglas y criterios más laxos.
Durante las primeras semanas después de emitidas las convocatorias el número de aspirantes inscritos fue bajo. En el fin de semana previo al cierre el número de aspirantes que se registró en los comités del Legislativo y del Ejecutivo se incrementó súbita y significativamente. Vaya usted a saber por qué.
El desenlace fue notoriamente desigual. Las listas de seleccionados, publicadas entre el sábado 14 y el lunes 16 (fuera de plazo en el caso del Legislativo), reflejan tasas de aprobación dispares: 27.4 por ciento en el Poder Judicial (1,048 aspirantes), 59.7 por ciento en el Ejecutivo (11,014 aspirantes), y 65 por ciento en el Legislativo (7,177 aspirantes).
¿Qué sigue ahora? En el Poder Judicial, los seleccionados enfrentarán un examen y posteriormente entrevistas. Pero en los otros dos comités, la falta de claridad persiste: los criterios que usarán para determinar quienes son los mejores candidatos les dejan un amplio margen de discrecionalidad.
En suma, el proceso avanza. Tendremos candidatos, pero el proceso de selección es desigual, su calidad variable y, en el caso del Judicial, no habrá suficientes candidatos para llenar todas las vacantes. Vaya enredo para comenzar un proceso electoral tan complejo.