Los cambios constitucionales aplicados en materia judicial por la Cámara de Diputados y el Senado en septiembre pasado, avalado por la mayoría de los Congresos en el país y establecido en la Constitución, con todo y las acciones de algunos jueces por impedir su aplicación, seguirá teniendo trascendencia.
Esas modificaciones con cinco puntos importantes, como son la elección de jueces y magistrados vía popular, la reducción de sueldos, estructura y el tiempo de cargo por reelección, más la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, tendrá en alrededor de cuatro meses y medio un siguiente paso: consolidarse en los estados.
Es decir, Tamaulipas deberá abordar el asunto, no puede darle vuelta o postergarlo.
Primero, hará las adecuaciones pertinentes y aplicará una especie de homologación, a fin que dichos puntos queden a la par de la Carta Magna en las leyes subsecuentes estatales, con miras al 2027 cuando se efectúe la votación de los impartidores de justicia.
La LXVI Legislatura que arrancó este mes lo incluirá en su agenda, muy posiblemente entre marzo y abril del 2025 vendrá el debate y aprobación.
La gran duda que continúa como controversia es quiénes van a ser propuestos y, por supuesto, ocuparán estas posiciones.
La incertidumbre viene por el prestigio del futuro juez, sin convertirse en un perfil relacionado con orígenes políticos o económicos.
Tomamos en cuenta que tan solo en cuestión comercial, la entidad tiene garantizados casi 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, arista que también se une a la preocupación entre los interesados y aquellos con intenciones de llegar con proyectos y empleos.
Aterrizado al ciudadano promedio, ¿qué garantiza esta reforma si el pueblo, el cual confió con la elección de junio pasado en sacudir el sistema judicial, no conoce la lista de los inscritos?
Por ejemplo y como sucede en muchos ámbitos, una especie de ranqueo ayudará a aclarar estas y muchas otras cuestiones. Así y solo así, dará la transparencia necesaria y evitará lo que tanto se ha mencionado de tener en el Poder Judicial, una extensión a favor de ciertos intereses.
Si se logra transmitir esta propuesta, no dudemos que se dará un paso elemental para consolidar la referida reforma.