El Senado mexicano ha llevado la regulación de los vapeadores a un nuevo nivel, al elevar su prohibición al rango constitucional.
Con ello, se busca frenar la producción, distribución y comercialización de estos dispositivos que, según la Cofepris, contienen sustancias dañinas, especialmente para los jóvenes.
Sin embargo, esta decisión ha desatado un debate sobre los límites entre la protección de la salud pública y las libertades individuales.
Por un lado, es innegable que los vapeadores han ganado terreno entre adolescentes, presentándose como una alternativa “inofensiva” al cigarro tradicional.
Pero las investigaciones han demostrado que no están exentos de riesgos, incluyendo daño pulmonar y adicción a la nicotina.
Frente a esta realidad, los legisladores defendieron la reforma como una medida necesaria para proteger a las nuevas generaciones, comparando su impacto con el de sustancias ilícitas como el fentanilo.
No obstante, esta equiparación ha generado críticas. ¿Realmente es equiparable el vapeo al uso de una droga tan devastadora como el fentanilo?
Senadores como Alejandra Barrales han señalado el absurdo de una comparación que ignora la diferencia en la gravedad de los daños.
Este tipo de generalizaciones podría desviar la atención de problemas más profundos en la regulación de sustancias en México.
La contradicción se hace evidente al observar cómo el alcohol y el tabaco, dos de las sustancias legales más perjudiciales, siguen teniendo un mercado regulado pero ampliamente accesible.
¿Por qué no prohibir también estos productos, si la lógica es proteger la salud pública?
La respuesta puede residir en los intereses económicos que los respaldan, un aspecto que la propia presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en mencionar, al señalar las presiones de cabilderos y tabacaleras para frenar reformas similares.
Por otro lado, está el derecho de los adultos a decidir. La prohibición absoluta podría fomentar un mercado negro descontrolado, lejos de la regulación sanitaria.
En este sentido, ¿no sería más efectivo educar y regular en lugar de prohibir?