La Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a la carrera judicial de Luis Armando Jerezano Treviño, debido a que confirmó su destitución como juez federal, luego de que se descubrió que era investigado por Estados Unidos desde 2014, como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras que en México, al ex juzgador se le detectaron más de 20 millones de pesos que supuestamente recibió por favorecer con sus fallos a casinos que son propiedad de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.
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En sesión privada, el Pleno del Alto Tribunal declaró infundado el recurso de revisión administrativa con el cual el ex juez Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, pretendía frenar su destitución.
En la sentencia emitida por la Corte, se menciona que Jerezano quiso justificar ciertas operaciones mercantiles referentes a las declaraciones de modificación patrimonial correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010, de los que, según su dicho, provenían de ingresos que cuestionó el del Consejo de la Judicatura Federal.
El ministro ponente Alberto Pérez Dayán señaló que los datos proporcionados por el quejoso, no constituyen prueba plena, ni indubitable de veracidad de los datos correspondientes, más aún si no se aportaron a las declaraciones de mérito elementos de convicción que confirmaran lo que se manifestó, es decir, el nexo de causalidad entre los actos mercantiles que se enuncian en la declaración respectiva y del destino de los ingresos obtenidos.
Jerezano quiso justificar también la omisión del registro en la declaración patrimonial de ciertos vehículos.
En agosto de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió fundado el procedimiento disciplinario iniciado contra Jerezano Treviño.
La Judicatura informó que quedó plenamente demostrado que en su actuación como juez, Jerezano incurrió en irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo de su conocimiento, algunos relacionados con permisos para la operación de casinos.
De igual manera, conoció de diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos, cuando se encontraba impedido para ello, en virtud de tener amistad estrecha y relación laboral con los promoventes.
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"De igual forma, obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo de juez de Distrito le correspondían.
En mayo de 2014, el Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República contra Jerezano, ya que se le detectaron más de 20 millones de pesos.
En enero del citado año, la Judicatura encontró elementos suficientes para iniciar procedimiento disciplinario contra Jerezano, luego de que empezó a ser investigado en Estados Unidos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Judicatura también denunció en la PGR al ex secretario de dicho juzgado, Gerardo Tiscareño Mercado.
"...se detectaron presuntas irregularidades, particularmente en lo relacionado con la actuación del juzgador en los permisos de empresas permisionarias de juegos y sorteos; actuaciones firmadas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de las permisionarias, dentro del juicio de amparo 99/2008 del índice de dicho juzgado y promovido por Atracciones y Emociones Vallarta", señaló la Judicatura en su momento.
También se encontraron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009 en los que estuvieron involucrados tanto el titular como el secretario de dicho órgano jurisdiccional.
INGRESOS
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación detectó que Jerezano no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959. 48 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente ilegales por la cantidad de 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos.
Uno de los familiares del juez recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad total de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona hubiera reportado tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y durante el periodo sujeto a investigación.
Ese familiar adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.
jbh