En sus 25 años de existencia, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado mil 185 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) en contra de servidores públicos de todos los niveles de gobierno por posible peculado o desvío de recursos. Sin embargo, menos del 2% de esos casos se han convertido en sentencia.
Los fraudes de mayor envergadura como los desvíos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, los malos manejos en la Secretaría de Bienestar de México (Sedesol) o Sedatu bajo el esquema de la Estafa Maestra, o los casos de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no se han resuelto.
De 136 indagatorias abiertas por esos casos sólo hay tres en las cuales hubo condena en contra de ex funcionarios de rangos menores.
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¿Cuántas carpetas de investigación hay abiertas?
Datos oficiales de la ASF remitidos a MILENIO en respuesta a una solicitud de transparencia muestran que cerca del 60% de las carpetas de investigación promovidas en la FGR por las denuncias de los auditores se encuentran abiertas, pero aun sin respuesta.
En total, la Auditoría reporta la presentación ante el Ministerio Público de la Federación de mil 185 denuncias en contra de quienes resulten responsables por malos manejos de recursos públicos federales identificados durante las revisiones de las cuentas públicas del año 1998 en adelante.
La cuenta pública que concentra la mayor cantidad de irregularidades denunciadas penalmente es la del 2012 con 221 en total, seguida de la de 2011 con 147 casos denunciados, y 2010 con 140. Fue un salto significativo respecto a los años previos en los que no se presentaban más de una decena de denuncias por cada ejercicio.
Lo anterior tiene como contexto la decisión del entonces titular de la ASF, Juan Manuel Portal, de fortalecer las capacidades de la ASF para la fiscalización, seguimiento de patrones de irregularidades y presentación de denuncias de hechos ante el Ministerio Público Federal.
Fue en el periodo de Portal (de 2010 a 2017) en el que se detectaron y denunciaron patrones de desvíos como el de los convenios con el de universidades públicas de distintas dependencias federales o el de la desaparición sistemática de recursos de fondos federales en la administración de Duarte en Veracruz.
En contraste, tras la llegada del actual auditor Juan Manuel Colmenares en 2018 el promedio de denuncias presentadas por cuenta pública descendió significativamente a un promedio de menos de 40 casos presentados por año ante la FGR.
La justificación, según lo comunicado en diversas ocasiones por el auditor y su equipo, era una estrategia dirigida hacia una menor cantidad de denuncias, pero mejor construidas e integradas para incrementar las probabilidades de éxito. Los datos oficiales muestran otra historia.
¿Cuántos casos quedan en impunidad?
De las mil 185 denuncias presentadas sólo 23 casos, que representan el 1.9% del universo total, han avanzado lo suficiente para terminar en un juicio y sentencia condenatoria firme en contra de los probables responsables.
La mayor parte de los casos, en los que se alcanzaron estas sentencias, corresponden a malos manejos de fondos federales transferidos a municipios o en diversos apoyos para el campo desde las ya desaparecidas Sagarpa y Secretaría de la Reforma Agraria.
En contraste, la mayor parte de las denuncias presentadas, 695 que equivalen a un 58.6% siguen abiertas y en integración en la FGR sin que a la fecha de respuesta de la solicitud de transparencia se haya tomado alguna determinación.
Hay otro grupo importante de 320 casos equivalentes al 27%, en los cuales la FGR resolvió dar por terminada la investigación iniciada al concluir que en la denuncia de la ASF no había suficientes elementos para proceder en contra de algún servidor público.
En otros 62 casos los fiscales decidieron sólo archivar la indagatoria sin ninguna conclusión de por medio.
Hay 60 denuncias más equivalentes al 5% del total en los que la investigación integrada por la FGR ya fue enviada a un juez, pero los procesos penales iniciados se encuentran en desarrollo o estancados por diversos motivos sin que aún haya alguna sentencia. El resto de los casos denunciados se encuentran suspendidos, archivados o cerrados por otras razones.
Fraudes sin castigos
Desde su puesta en funcionamiento, pero con mayor énfasis de 2010 a la fecha, la ASF ha podido identificar y denunciar casos de posible corrupción sistemática en el manejo de los recursos públicos federales que van más allá de sólo hechos aislados. A través de auditorías de tipo forense o de seguimientos anuales ha conseguido profundizar en patrones de irregularidades.
Lo anterior ha dado pie a la presentación de múltiples denuncias ante la FGR relacionadas con una misma administración ya sea local o en alguna dependencia federal. Sin embargo, la mayor parte de esos casos no han llegado a una sentencia ni se ha castigado a los probables responsables.
Uno de esos casos es el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Su administración en la entidad, que comenzó en 2010 y terminó en 2016, acumula más de 60 mil millones de pesos de recursos federales mal manejados o desviados sin que, a la fecha, se hayan recuperado. Es el caso más grave en cuanto a montos de irregularidades detectados por los auditores.
Por todos esos hechos, la ASF presentó un total de 73 denuncias ante la FGR-PGR que incluían no sólo el desvío del dinero, sino también actos de simulación al, supuestamente, reponerlo en las cuentas de las que fueron sustraídos. Pese a que ya han transcurrido varios años desde que esos hechos ocurrieron y se denunciaron, hasta la fecha no hay ninguna sentencia dictada.
Los datos de la ASF entregados muestran que, del total de denuncias presentadas, 53 dieron paso a la apertura de averiguaciones o carpetas de investigación que siguen en trámite, 16 fueron enviadas a jueces y se convirtieron en procesos penales que no han llegado a juicio.
Y hay otras cuatro que ya fueron cerradas de forma definitiva. Sin condenas tampoco se ha podido recuperar un peso del daño al erario causado.
Otro ejemplo es el del desvío desde dependencias federales a través de universidades públicas o entes similares. Es el caso conocido popularmente como la Estafa Maestra. Por esos hechos, la ASF suma 46 denuncias presentadas ante la FGR que, hasta la fecha, sólo han dado pie a tres sentencias en contra de funcionarios de menor rango, ninguno de los cuales se encuentra hoy cumpliendo alguna pena privativa de libertad.
De las carpetas iniciadas por este mismo fraude hay 30 que siguen abiertas sin ninguna determinación y hay otras nueve que dieron paso a igual número de procesos ante juzgados federales que no han podido concluirse. Los otros casos fueron archivados.
Por hechos más recientes, como el de los malos manejos de recursos en Segalmex-Liconsa-Diconsa, ocurridos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha presentado en suma 14 denuncias ante la FGR. Todos los casos, sin excepción, siguen en integración sin que alguno haya sido judicializado.
Por los malos manejos superiores a los 600 millones de pesos en la Conade durante el periodo de Ana Guevara al frente la ASF suma tres denuncias presentadas ante la FGR. Ninguna de ellas ha sido judicializada hasta la fecha.
Faltan denuncias y resultados: experta
La consejera y próxima presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, advirtió que existe una doble problemática en la actuación tanto de la FGR como de la propia ASF, organismos que forman parte del SNA.
Por el lado de la Fiscalía dijo que es clara la baja efectividad de resultados respecto a las denuncias presentadas y habría que hacer una revisión a fondo de los factores que han atorado que más casos lleguen a los jueces y que estos puedan terminar con alguna sentencia.
Pero Vania Pérez también llamó la atención de la responsabilidad de la ASF que en los últimos años dejó de presentar denuncias en favor de una mayor efectividad lo que, al menos en lo referente a la parte penal, no se ha traducido en resultados distintos. De hecho, los datos muestran que la ASF, bajo la gestión de Colmenares, aún no ha presentado denuncias derivadas de las revisiones de las cuentas públicas 2021 en adelante.
“Es una pena que en un país con grandes casos de corrupción no solamente no se estén atendiendo las denuncias, sino que ahora no se esté denunciando. Y no son los ciudadanos los que no están denunciando sino son las propias autoridades que tienen todo el conocimiento de causa en esto. Creo que la ASF está en una gran falta respecto a su trabajo”, señaló Pérez.
RM