El Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 2 en Puente Grande cerrará sus puertas, según anunció el gobierno federal durante las primeras horas de este lunes, en su publicación del Diario Oficial de la Federación, y los reos recibieron ayer bolsas para que guarden sus pertenencias y se preparen para ser trasladados a otro centro penitenciario.
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Informaron que se realizarán las acciones y gestiones necesarias para respetar en todo momento sus derechos humanos y su reubicación será determinada por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social.
Las familias de quienes cumplen una condena en ese complejo penitenciario se enteraron de la decisión a través de medios de comunicación y que los internos serán trasladados a otros centros penitenciarios. “Ni siquiera nos han dicho a qué penal los van a trasladar, nos enteramos por las noticias, no nos han dicho y no nos van a decir nada”, dijo el familiar de un recluso.
Los familiares de los 370 internos que permanecen en el reclusorio informaron que ayer se les notificó sobre la suspensión de visitas y llamadas. Aseguran que hubo reclusos que pensaron en amotinarse, pero desistieron al considerar que el cierre era inapelable. Se esperaba que los reos fueran trasladados en el transcurso de las primeras horas de hoy.
Héctor Miguel tiene a su hermano interno en el Cefereso número 2, y tras enterarse por un conocido del cierre, acudió a las instalaciones para tener más detalles: “Decidimos venir y pues no alcanzamos a llegar hasta adentro, sino simplemente en el retén; el oficial dice que desconocía lo que está sucediendo, en sí hay mucha desinformación, no nos pueden decir nada concreto, ni a dónde los van a trasladar ni qué es lo que va a suceder”.
Los familiares se dicen inconformes y molestos por la sorpresiva decisión de cerrar el penal. “Nosotros tenemos nuestra familia aquí, tenemos el proceso aquí, y si de por sí es muy lento todos los trámites en los juzgados estando aquí, ellos en el estado, ahora las notificaciones para otros estados”, expresó uno de ellos.
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El hijo de Marisol fue trasladado de Tijuana al penal de Puente Grande hace 12 años, y por eso decidió mudarse a Guadalajara, para visitarlo cada semana ; ahora, con el cierre del penal y el traslado de los internos, la invade la incertidumbre al no saber a dónde se llevarán a su hijo, aunque tiene decidido irse tras él. “Es mi hijo y no lo voy a abandonar, a donde vaya ahí voy a estar, pero el problema es que no sabe uno a dónde como para ir haciendo planes y decir, bueno voy a hacer planes para trasladarme a donde vaya, pero no le dicen a uno nada, no te informan hasta cuando ya los llevan en camino, ni siquiera tampoco, hasta meses después”, expresó.
Para visitar a un interno, una persona invierte en promedio 600 pesos. Para ingresar, tienen que pasar por un estricto protocolo de revisión que incluye al menos cinco puertas de control de seguridad y dos revisiones corporales con rayos X. El interno, para recibir a su visita, debe usar uniforme caqui zapatos negros y tener visible su número de expediente en el uniforme. Cada reo puede tener hasta dos mil pesos en efectivo para comprar productos a altos precios.
El reclusorio se encuentra dividido en ocho módulos en un edificio que, a su vez, se divide en planta alta y baja. Las celdas se encuentran en la planta baja; los internos ven la luz del día solo una hora, tiempo que aprovechan para hacer ejercicio. En promedio, por celda viven ocho reos.
En la publicación, se puntualizó que “las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”.
También indica que “los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Cefereso número 2 Occidente, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio de la Institución”.
El acuerdo del cierre fue firmado por Alfonso Durazo Montaño, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
SRN