El 68, Ayotzinapa y el uso político del derecho: José Ramón Cossío

Desde sus años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, tuvo la curiosidad intelectual de saber cómo había sido el proceso jurídico del movimiento estudiantil de 1968, pero no fue nada sencillo hacerse del material necesario.

“Investigando, encontré pedazos de información, no había una narrativa completa, ni un intento, del 68, en términos judiciales”. Así fue como surgió el libro Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil (Debate, 2020), eje de la charla con el integrante de El Colegio Nacional, quien también comenta otros asuntos de la agenda nacional.

Acercarse a este tema también es tener una mirada crítica del sistema judicial de aquel momento…

Quise escribir el libro para ofrecer un relato que no fuera un mero informe y, para ello, me coloqué en la posición jurídica de quienes tuvieron que actuar en ese tiempo, como la policía, los ministerios públicos, los jueces, y también en la de hoy, para ver los efectos, las razones y el movimiento de lo que se dio en ese momento.

Aun poniéndonos en los parámetros, los cánones constitucionales y legales de entonces, sí se cometieron violaciones a los derechos humanos, hubo una serie de irregularidades muy grandes, una sentencia que no se dio conforme a derecho.

Los participantes del movimiento, ¿tuvieron que enfrentar el poder de todo un sistema?

Esto empezó desde la marcha que sale de Salto del Agua hacia el Hemiciclo a Juárez para conmemorar el aniversario de la toma del Cuartel Moncada, cuando por otro lado va la marcha de estudiantes del Politécnico. No tenían que verse, (pero se encuentran) y aquello acaba en una trifulca; la comparé con otras trifulcas de entonces y no había muchas diferencias, estaba en los parámetros de la época.

Lo que resulta muy interesante es que detienen a un conjunto de personas identificado con el Partido Comunista, con las Juventudes Comunistas, aunque unos ni siquiera habían ido a la marcha y otros se habían retirado temprano. Fue una especie de razzia contra los comunistas; después de ese momento se exacerba una serie de intereses y se genera un movimiento cívico, porque el gobierno no entendió bien frente a lo que estaba.

¿Qué fue lo que más llamó su atención de lo que se encontró en esos expedientes?

Que aquello se les sale de control y hacen que distintos cuerpos de seguridad intervengan; los informes los empiezan a falsear y cuando los policías van a los careos no saben ni lo que les están preguntando. Y se hace evidente con la sentencia, porque teniendo que hacerse la asignación de los delitos a partir de los hechos realizados y comprobados, se hace una masa en la que se dice: “todos estos son culpables de estos hechos” y no hay una determinación precisa de quién le disparó a quién, o quién traía qué pistola. Nada.

En las conclusiones acusatorias del Ministerio Público se construye una narrativa antigua diciendo que en 1967 muchas personas fueron a Cuba, donde se determinó un complot gigantesco contra México y eso funda una parte muy importante de las acusaciones. La otra parte de las acusaciones se basa en lo dicho por (Gustavo) Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 1968; ahí, uno se da cuenta que aquello perdió toda la consistencia y se hizo un mazacote de cosas y todos acabaron siendo responsables de algo.

¿Cómo ha cambiado el uso que el poder político ha ejercido sobre el judicial a lo largo de medio siglo?

Hay varios personajes que, en sus memorias, algunas nunca desmentidas, cuentan que les dieron instrucciones para hacer los informes. Desafortunadamente, esto no es diferente: aquí y en otras partes del mundo sigue habiendo un uso político del derecho y ya después viene el proceso judicial de cuando los jueces liberan a esas personas a partir de malas acusaciones de las procuradurías o fiscalías, y es cuando salimos a decir qué jueces más corruptos, cuando en realidad se quiso iniciar un proceso político.

¿Qué impresión tuvo al revisar el expediente del 68?

La sentencia definitiva se dicta en el mes de noviembre, a gran velocidad y con una mala factura técnica. Después de las navidades del 70 empiezan a liberar a todas las personas de prisión. Algunas de ellas, muy perspicaces, como (José) Revueltas, dicen: “cómo nos vamos a ir si tenemos una sentencia condenatoria, las apelaciones no se han resuelto”.

Desde luego, (Luis) Echeverría quería limpiarse las manos de todo ese proceso, hay elementos que comprueban la manipulación o el manejo que hizo cuando fue secretario de Gobernación con algunos miembros de las fuerzas armadas. Lo que me pareció más curioso fue por qué no se atrevió el Estado a que sus magistrados resolvieran las apelaciones y los amparos: no se sintió lo suficientemente fuerte para hacer públicos, transparentes, debatibles, los propios procesos que él comenzó.

Viendo lo que sucede en nuestros días, ¿qué piensa de los usos políticos y el proceso jurídico de la tragedia de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa?

Que se trata de un asunto que se empezó a investigar tarde, en el que se perdieron días importantes y cuando se quiso actuar por parte del Estado, más allá de si se hizo bien o mal, llegaron tarde y nunca se pudo recuperar la credibilidad de su propia narrativa: el Estado tiene que ser creíble y si no es capaz de satisfacer esa credibilidad se vuelve un Estado sumamente incapaz y esa duda para los familiares, para los involucrados en los hechos, va a ser uno de estos problemas donde nunca va a haber una respuesta satisfactoria: va a ser una herida histórica que se va a quedar con nosotros.

¿Cuál es su opinión sobre las consultas ciudadanas, específicamente de la planteada por el Ejecutivo para enjuiciar a los ex presidentes?

No se puede utilizar una consulta ciudadana para preguntarle a la población si las autoridades tienen que hacer lo que la Constitución y las leyes les dicen que tienen que hacer; todavía más grave: para dejar de hacer lo que la Constitución y las leyes le dicen que deben hacer.

Además, no se puede realizar una consulta cuando se pueden violar los derechos humanos o las garantías; los ex presidentes, como cualquier otro ciudadano, pueden ser procesados si es que se encuentran los elementos para esos efectos. Pero no se puede obligar a las fiscalías a que inicien una carpeta de investigación o que la consignen, ni obligar a un juez de control para que someta a proceso a una persona, porque se lo dice el voto popular.

En las actuales circunstancias políticas y sociales en el país, ¿cuáles son los desafíos y responsabilidades de la Suprema Corte de Justicia?

¿El gobierno va a tratar de hacer uso político del derecho? Creo que sí, eso es parte de las tentaciones de muchas autoridades, pero precisamente por ello existen los frenos o contrapesos para limitarlo, históricamente se llama división de poderes. No me parece bien, pero tampoco es algo que nunca hubiera sucedido en la historia de la humanidad.

Lo que ya no me parece tan bien es que las autoridades que están para contener se subordinen a esas acciones. La Suprema Corte y los tribunales locales, federales, jueces o magistrados tienen que mantener el ejercicio de sus atribuciones, sin dejarse influenciar: aunque se oiga un poco cursi, para salud de la república. Lo que uno ve en el libro del 68 es precisamente lo contrario: los policías informaron de cosas que no sucedieron, los agentes del MP consignaron por cosas que no vieron y los jueces sentenciaron por cosas que no tenían que sentenciar”.

ledz