El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, que contempla la denominada “muerte civil” para funcionarios corruptos, y significa que quienes hayan incurrido en actos ilícitos serán vetados del servicio público.
La Ley también obliga a los servidores públicos, personas físicas o morales, a presentar su declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, también llamado 3 de 3, explicó el diputado local del PRI, Jorge de León.
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“La declaración de 3 de 3: la patrimonial, de intereses y fiscal, será obligatoria ya por la legislación. (…) Se aprobó ya la denominada ‘muerte civil’, que es prácticamente un término que se establece para los servidores públicos que no van a poder realizar ni desempeñar el resto de su vida ningún cargo público”, indicó.
Explicó que esta Ley también establece sanciones para el sector privado, cuando alguna empresa participe en un acto de corrupción.
“Se consolida también el sistema de verificación a las declaraciones patrimoniales, es decir, se va a vigilar cualquier detalle que se considere inexplicable, de riqueza, obviamente que se van a ser supervisiones aleatorias.
“Y también la responsabilidad para ser sancionados ya no sólo es para servidores públicos; se incrementan las sanciones, pero ahora se incorpora también como responsables a la parte privada o los particulares que intervengan en un acto de corrupción”, señaló.
La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado consta de 229 artículos y seis transitorios.