Las diputadas locales de Morena, Doralicia Martínez Bautista y Lucero Ambrocio Cruz, así como su compañero de bancada Armando Quintanar Trejo, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para que el gobernador del estado sea sujeto a juicio político.
En la Constitución del estado de Hidalgo actualmente son sujetos a juicio político las diputadas y los diputados locales, el auditor superior, los presidentes municipales, regidores, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los secretarios del Poder Ejecutivo, el procurador, entre otros, sin embargo no se contempla la figura del gobernador.
La reforma establece también que la sanción que se impondrá mediante juicio político consistirá en destitución del servidor público. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza o forma de contratación en el servicio público desde uno hasta 20 años.
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La iniciativa con proyecto de decreto busca reformar el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Los legisladores locales de Morena mencionaron que el artículo 150 de la Constitución local establece quiénes son sujetos de juicio político, siendo notoria la ausencia en dicho listado del gobernador del estado.
“En un acto de congruencia con el reclamo social y entendiendo que no existe justificación alguna para excluir al gobernador de la posibilidad de ser sujeto de juicio político, ya que todo servidor, sin excepción, debe tener un desempeño ejemplar y responder ante la ciudadanía por su actuar público, es que en esta iniciativa se propone incluir al gobernador del estado como sujeto susceptible de responsabilidad política”, dijeron.
Apuntaron que en otras entidades federativas el gobernador es sujeto de juicio político, lo que garantiza el derecho fundamental a la certeza jurídica, “ya que ningún funcionario queda excluido del sistema de responsabilidades previsto en el orden jurídico”.
Puntualizaron que los estados en donde el gobernador es sujeto a juicio político son: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
Asimismo, señalaron que corresponde a cada uno de los Congresos locales emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público cuando sus servidores públicos, por sus actos y omisiones perjudiquen a los intereses públicos fundamentales o a su buen despacho.
“La cuarta transformación que vive nuestro país y nuestro estado, consiste antes que nada en enfrentar esos flagelos sociales que son la corrupción y la impunidad”, concluyeron.