Los cuatro candidatos que disputaron a Jaime Bonilla la gubernatura de Baja California presentaron un escrito de “amicus curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se suspendan algunos efectos de la reforma aprobada en el congreso local para extender de dos a cinco años la nueva administración.
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Ignacio Anaya Barriguete (PBC), Jaime Martínez Veloz (PRD), Oscar Vega Marín (PAN) y Enrique Acosta Fregoso (PRI) pidieron a los magistrados que reconsideren su decisión de no emitir medidas cautelares.
De acuerdo con los ex contrincantes de Bonilla, la Corte debe suspender ciertos efectos de la llamada Ley Bonilla, entre ellos la emisión del Bando Solemne que expide el Congreso del Estado para la toma de protesta porque podría generar distorsiones en la administración estatal para la emisión del plan estatal de desarrollo para un periodo mayor al que fue electo el gobernador.
“A estas alturas, si bien es un hecho público el que la suspensión de la norma impugnada fue negada por el instructor, respetuosamente solicitamos una nueva reflexión del instructor o bien, la rectificación de criterio en el marco del recurso de reclamación que se conozca”, refieren.
En el documento, los ex aspirantes al gobierno de Baja California certificaron que su inscripción y participación en la elección del 2 de junio pasado fue para un periodo de gobierno de dos años, por lo que un mandato ampliado afectaría el principio de equidad en las contiendas.
“Un decreto legislativo le estaría otorgando un periodo gubernativo adicional o acrecentado, distinto de aquel en que competimos y resultó ganador el hoy gobernador electo, vedando la exigencia de igualdad para el acceso a ese cargo”, aseguran.
OVM