La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebró que las 16 alcaldías de la Ciudad de México suspendieran los trámites para solicitar permisos de construcción de nuevas obras, a fin de revisar la situación en materia de desarrollo urbano.
Luego de participar en la instalación del Comité de atención, orientación quejas ciudadanas y asuntos constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que en el organismo se tienen aproximadamente 30 quejas por irregularidades inmobiliarias.
"Lo que toca a la Comisión de entrada es que hay algunas de las que estamos ahorita revisando, algunos de los que tenemos nosotros en queja para dar seguimiento con las alcaldías, en las quejas que teníamos abiertas en relación a lo que ellos están ahorita deteniendo", planteó.
Destacó que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México evalúe de manera profunda cuántos de los desarrollos inmobiliarios construidos en la capital fueron apegados la normatividad y cuántos "fueron como venga".
"Mientras más pasa el tiempo en las cuestiones de irregularidad, lo que pasa es que ya tienes edificios construidos. De demoler las obras irregulares cuando ya están habitados, ya no solo tienes al vecino que presentó la queja, sino al afectado que ya compró, entonces revictimizas", explicó.
Ramírez Hernández aseveró que la Asamblea de la Ciudad de México tendrá que discutir y poner en su agenda cómo modificarán la legislación y la normatividad para evitar actos de corrupción, "pues lo que hacían las inmobiliarias y lo que hacen cotidianamente es ampararse, pagar los costos de las multas que son mínimos y seguir con la construcción".
Recordó que los sismos de septiembre del 2017 sacaron a la luz procesos opacos relacionados con megaproyectos, por lo que calificó la decisión tomada por las alcaldías como "una buena noticia".
EB