La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) celebró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atenco y aseguró que su revisión es oportuna en momentos en que el Congreso discute la aprobación de la Guardia Nacional.
En un comunicado, la CNDH dijo que la sentencia del organismo internacional contiene criterios "vinculatorios para el Estado mexicano y que deberán ser tomados en consideración para que el resultado de dichas reformas no vulnere derechos humanos".
La CNDH reconoció la emisión de las sentencias formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México” y “Alvarado Espinoza y otros vs. México” y señaló la necesidad de que se cumplan a cabalidad para que se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que asisten a las víctimas y se garantice la no repetición de hechos similares.
La CNDH revisa algunos puntos planteados en esa sentencia, relacionados con las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual San Salvador Atenco, Estado de México, en donde se incorpora "el mandato para que, en un plazo de dos años, se genere un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México".
La Comisión Interamericana solicita establecer "un mecanismo de monitoreo y fiscalización independiente, para medir y evaluar a dichas instituciones en aspectos tales como efectividad de los operativos en que participen y uso debido de la fuerza, además de que brinde retroalimentación sobre las mejoras institucionales que procedan".
En el caso “Alvarado Espinoza y otros vs. México”, la CIDH incluye criterios específicos para México sobre el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana, la necesidad de que las mismas sean fiscalizadas por órganos civiles e independientes, así como sobre el uso de la fuerza".
El organismo recordó que la Corte reafirmó que, como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.
Y que cuando "excepcionalmente" intervengan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, su participación debe ser justificada, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso".
La participación militar debe estar subordinada "y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial".
OVM