La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 46/2022 a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como a autoridades federales y estatales, a fin de realizar acciones para que el Estado garantice el derecho a la verdad, memoria, democracia y al pleno ejercicio de los derechos humanos en México.
Esta Recomendación, es la primera emitida por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desaparición Forzada por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, creada en enero de 2020, y está dirigida a más de 200 autoridades y tiene el objetivo de “esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional”.
El organismo nacional de derechos humanos señaló que aunque durante el siglo XX no hubo en México golpes de Estado ni dictadura militar, se montó un aparato para impedir la democracia a través de “todo un complejo militar-policiaco que tuvo efectos similares, en la violación a los derechos humanos, a los gobiernos militares centro y sudamericanos; que impidió el desarrollo de la vida democrática por décadas”.
Esta investigación permitió documentar 49 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y de sus partidos aliados, que incluyen la masacre de la Alameda, el asesinato del abogado de los presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera, en agosto de 1953; la desaparición forzada de tres militantes de la FPPM; el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus tres hijos, en mayo de 1962; así como la cancelación del registro como partido político de la FPPM en marzo de 1954, y la prohibición de cualquier reunión de sus militantes y partidarios, que persistió hasta los años 70.
La CNDH precisó que estos hechos nunca fueron expuestos ni investigados, pues “el encubrimiento a la verdad ha sido, a lo largo de décadas, no una práctica aislada sino una política pública por lo menos, desde inicios de los años 50, que ha impuesto olvido e impunidad.”
La Recomendación enfatiza en medidas de no repetición “permanentes e irreversibles”. Por ello propone a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, llevar a cabo por sí o de manera coordinada, políticas públicas de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el período 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército y por diferentes policías políticas.
Así como llevar a cabo un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política, mediante la preservación de los archivos públicos y planes de consulta para abrirlos toda la ciudadanía, y la recuperación de archivos privados, así como de las memorias y los testimonios de sobrevivientes, víctimas y descendientes de ellas; además de construir sitios de memoria que permitan a la ciudadanía ubicarlos, y conocer la verdad acerca de las graves violaciones ocurridas entre 1951 y 1965.
Además deben revisar la normativa de las fuerzas armadas, para adaptarla a los más altos estándares de derechos humanos, revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza civil, analizar la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la información y estudiar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer sus funciones de seguimiento, y establecer mecanismos que garanticen la aceptación y el pleno cumplimiento de sus recomendaciones.
RM