La Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la llamada Guerra Sucia es el más grande intento reciente para encontrar la justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, afirmó Carlos A. Pérez Ricart, uno de los cinco expertos que forma parte de este esfuerzo institucional.
“Esta comisión es el más importante intento en encontrar verdad y justicia con respecto a grandes violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1965 a 1990, el periodo que conocemos como la Guerra Sucia”, explicó el también investigador del CIDE en entrevista para MILENIO.
El 6 de octubre del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
“(La comisión) se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”, detalla el artículo primero de dicho decreto.
La comisión está integrada por los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda; así como los responsables del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También es integrada por cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional que contribuyan con el objeto de la comisión, entre quienes se encuentra Carlos A. Pérez Ricart.
Durante el periodo de la llamada Guerra Sucia, en México ocurrieron diversas violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas y desplazamientos, recordó el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-I).
“Un periodo en el que hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desplazamiento, exilio, en fin, una serie de violaciones a derechos humanos que nunca fueron resueltas del todo, ni una verdad histórica con respecto a lo que sucedió ni una verdad jurídica (inaudible) y tampoco hubo justicia”.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en su informe del 7 de julio del 2021, del 15 de marzo de 1964 al 30 de junio de 2021 se tienen registradas 89 mil 488 personas desaparecidas.
El Comité Nacional Pro-Defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados por motivos políticos registró aproximadamente 532 desapariciones forzadas ocurridas entre 1969 y 1988, “sin embargo, careció de las herramientas adecuadas para documentar los casos”, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) en un informe sobre dicho delito de 2011.
A pesar de algunos esfuerzos en el pasado como la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, durante el sexenio de Vicente Fox, comisiones de la verdad a nivel estatal o un programa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encargado de revisar esos acontecimientos, “no se ha garantizado ni verdad ni justicia a las víctimas de la guerra sucia”.
Política de Estado de memoria, la apuesta
En septiembre del 2024, la comisión de la verdad tendrá que entregar un informe a la sociedad y al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo acontecido en la Guerra Sucia, “una suerte de verdad histórica”, explica el investigador sobre seguridad, crimen organizado, tráfico de armas y políticas de drogas.
“Paralelamente a la función de esclarecimiento histórico de la comisión, (se creará) un comité de justicia, que se encargará de ver vías a partir de las cuales se pueda generar una política de justicia que pueda llevar a la cárcel a los perpetradores o que se encargaron de sistematizar esa violencia; un comité de restauraciones, colectivas individuales a las víctimas, una comisión de búsqueda de personas en vida o muerte.“Y por último una política de memoria, que lo que se encarga es que de este esfuerzo que dura dos años y medio nazca para el futuro una política de Estado de memoria que nunca ha tenido, una política que se reconozca lo que sucedió en el pasado para que no vuelva a ocurrir, que haya no repetición”, indicó.
Carlos A. Pérez Ricart explicó que después de cada transición política en países democráticos han tenido un proceso de repensar el pasado, como sucede en México con esta comisión; “en la medida de que la impunidad del pasado permite la impunidad del presente”.
“No se trata de buscar el pasado por buscar el pasado sino de pensar cuáles son las continuidades que existen en la violencia del presente”, enfatizó el también licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México.
Víctimas y perpetradores siguen vivos
El investigador detalló que cuentan con dos estrategias metodológicas para realizar su labor en la comisión: la primera, son los archivos institucionales.
“Hay el compromiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de otras instituciones de procuración de justicia de abrir los archivos históricos e institucionales para que los comisionados y sus equipos podamos entrar a esos archivos e indagar ahí, buscar pistas que nos lleven a encontrar a algunos de los desaparecidos, pero sobre todo a esclarecer lo sucedido, esclarecer en el sentido de iluminar, en cómo el Estado protegió a perpetradores”.
La segunda estrategia es la de recabar declaraciones, pues, de acuerdo con Pérez Ricard, hay personas que a pesar de las décadas transcurridas nunca ha podido dar su testimonio sobre lo sucedido, además que tanto víctimas como perpetradores continúan vivos.
“Va a haber grandes convocatorias de testimonios en todo el país buscando precisamente esas voces que han callado.“Muchos de los perpetradores no solamente siguen vivos, muchos de ellos siguen en posiciones claves en el gobierno actual, en el Ejército, policía, en organismos de procuración de justicia a nivel estatal y ahí están, y así como ellos están vivos muchas de las víctimas siguen vivas, los hermanos, los padres, los hijos, los primos”.
El investigador reconoció como un “trabajo enorme” las funciones a realizar y en los pocos meses de estar conformada la comisión, han realizado giras regionales en estados como Oaxaca, Jalisco y Guerrero.
Comisión es independiente, “en particular del gobierno”
Pérez Ricart aseguró que en el trabajo de la comisión existe un apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque prevé dificultades en los estados hablar con sus autoridades, pero están tratando de coordinarse con ellas.
“Ahora el trabajo de la comisión se ha limitado a reuniones de coordinación, generación de un plan de trabajo, escuchando las voces de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, y de la sociedad en general, no puede haber una comisión de la verdad que no sea portavoz de la sociedad en su conjunto”, indicó.
El investigador garantizó que recabarán testimonios en cada rincón del país con el fin de que nadie se quede sin la oportunidad de expresarse, al tiempo de destacar que la comisión es plural e independiente “de todos, en particular del gobierno”.
Política de contrainsurgencia del Estado está probada
En noviembre de 2021, el abogado Javier Coello Trejo expuso en entrevista para MILENIO que “la Guerra Sucia no la hizo el Estado” y “muchos de los disque desaparecidos, unos estaban de braceros en Estados Unidos, otros en Cuba”.
“La Guerra Sucia no la hizo el Estado, que me perdonen, yo fui ministerio público federal, yo interrogué a muchos guerrilleros (…). Guerrilleros entrenados en Cuba, en Vietnam, ahí están las historias, ametrallaban a la policía cuando estaban comiendo en aquellos famosos módulos de policías; ponían bombas, secuestraban aviones. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Combatirlo. La Guerra Sucia fue de ellos, no del Estado.
“¿Muchos desaparecidos? Yo no sé, pero en mi época, cuando yo estuve como fiscal anticorrupción, se hizo una investigación a fondo, muchos de los ‘disque’ desaparecidos, unos estaban de braceros en Estados Unidos, otros en Cuba”, expuso el abogado.
Pérez Ricart indicó que la política de contrainsurgencia del Estado mexicano está probada y derivado de su papel en la comisión prefirió reservarse su opinión sobre el ex abogado de Emilio Lozoya.
“(La política de contrainsurgencia) está perfectamente documentada en reportes independientes, incluso ha sido aceptada por parte del Estado, como soy comisionado y tengo que mantener una posición más institucional no diré mi impresión sobre Javier Coello porque no acabaría”, indicó.“Anular la responsabilidad del Estado mexicano en violaciones graves a derechos humanos durante la Guerra Sucia es básicamente mentir fragantemente”, agregó.
Comisión de la verdad busca comprender el presente
A pesar de que en México ocurrió transición política del 2000 no se logró eliminar muchos recovecos oscuros, pues “los enclaves autoritarios continuaron ahí y continúan ahí”, expresó el investigador.
“Lo que tenemos no es si no una una forma nueva en la que se reconfiguró el Estado, se articuló de manera distinta, pero ahí siguen los enclaves autoritarios, las prácticas de antes y ahí están las continuidades que no pudieron se rotas lamentablemente en el año 2000”.
Pérez Ricart sostuvo que, si en el presente se quiere pensar en una política de justicia distinta y atender las desapariciones, “bueno, atendemos el problema desde el pasado mirando hacia el presente”.
“La comisión de la verdad no se pretende como un ejercicio académico, buscamos entender las causas, cadenas, patrones del pasado para comprender el presente”, agregó.
¿Comisión de la Verdad para la llamada guerra contra el narco?
Pérez Ricart no tiene duda en que se construirán las condiciones para estudiar con mecanismos extraordinarios, como lo es una comisión de la verdad, el sexenio de Felipe Calderón, el cual se caracterizó por el papel del ejército en el combate a grupos criminales.
“No me queda duda de que vamos a necesitar como país construir las condiciones para avanzar hacia este estadio, es decir, a estudiar con mecanismos extraordinarios y de manera extraordinaria algo que ha sucedido de 2006 a la fecha, no me queda la menor duda, ahora bien, no son cosas incompatibles.
“Este es un primer intento, que en principio podría dar chance que en el futuro otra nueva comisión de la verdad bajo otras condiciones investigue el periodo más contemporáneo, yo creo que es necesario, pero sí que, a pesar que hay continuidades, el tipo de violencia ejercido durante la guerra sucia hay que distinguirla del tipo de violencia que vamos a ver en la guerra contra el narco”, indicó.
La comisión de la verdad abre la puerta a nuevos proyectos similares a éste, indicó el también experto en el estudio de la relación México-Estados Unidos.
JLMR