El Tecnológico de Monterrey identificó que, al interior del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como de los sistemas estatales, hay un obstáculo que ‘atora’ las investigaciones de actos de corrupción.
En entrevista con MILENIO, Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que ese atorón se da en el proceso de transferencia de información desde las instituciones involucradas en la etapa de investigación y las autoridades responsables de la etapa de sanción de los actos de corrupción.
Sin embargo, como parte de un estudio académico, el Tec explora todavía cuáles son las causas que ocasionan ese obstáculo.
De acuerdo con el diseño de los sistemas anticorrupción, las instituciones que participan en la investigación son la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, a nivel nacional, y a nivel estatal las contralorías las fiscalías anticorrupción; mientras que en la fase de sanción están el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o los tribunales homólogos a nivel estatal, y el Poder Judicial de la Federación.
Comentó que existe una parte en todos los procesos en la que se llevan entre esas dos etapas: la de investigación y la de sanción, “que son varios y además distintos, porque cada estado tiene sus procesos específicos; en esa parte hay algo que se atora, hay algo que no está coordinado”, afirmó Estrada.
“Lo que no sabemos es si es una parte relacionada con la propia normatividad de los estados, con los procesos, con las personas que están en esos cargos, no sabemos si es porque el Comité de Participación Ciudadana (CPC) o el sistema estatal no está funcionando y no se les está exigiendo, o es una combinación de varias cosas”, añadió la investigadora del Tec de Monterrey.
“Eso es lo que queremos saber”, dijo al referirse al trabajo que la ITAC encabeza con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) para elaborar un observatorio de los sistemas nacional y estatales anticorrupción.
Sostuvo que lo que se espera saber específicamente es “en qué partes, cuál es lo que repetitivamente hay un error o un problema o qué interpretación le están dando las autoridades para que las cosas no fluyan como tienen que fluir en el sistema.
Estrada explicó que la investigación que encabeza visualiza a los sistemas anticorrupción como ecosistemas en donde todos los procesos estén relacionados, concatenados.
“Es decir, la parte de prevención necesariamente te tiene que dar posibilidad de que hagas una mejor detección de actos de corrupción; si tú detectas mejor, vas a tener mejores investigaciones. Si tú tienes investigaciones bien hechas vas a poder llegar a sentencias mucho más resolutorias y a sanciones que tengan un mayor efecto social.
“No son cosas separadas, sino que una cosa te tendría que llevar a la otra, lo que nosotros queremos saber es en qué parte está funcionando mal, en cuál de estas partes”, dijo.
Uno de los primeros hallazgos en el funcionamiento de dicho ecosistema es que hay poca comunicación entre las instituciones y que en los momentos de transferir información entre ellas, según les corresponda atender los casos, hay una pérdida de información y que la institución que envía los datos no le da seguimiento a lo que pasa con ellos en la institución que recibió, indicó.
“Las autoridades que están en todas las etapas le pasan el caso a la otra autoridad y no dan seguimiento. Y cuando hablas, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública, le preguntas en qué van sus casos, no saben”, comentó.
LP