Las empresas que contaminan con sus descargas los afluentes y los desarrolladores de vivienda, son quienes deben aportar más recursos para acciones de limpieza de la cuenca del Atoyac, que requiere, al menos cinco mil millones de pesos, para iniciar su rescate.
Verónica Mastretta Guzmán, consejera de la agrupación Dale la Cara Al Atoyac, explicó que los recursos no deben salir de un aumento de tarifas en materia de agua potable y saneamiento a los habitantes de Puebla y de la zona metropolitana, sino de los responsables de la contaminación.
Después de que MILENIO Puebla dio a conocer el “Plan Integral de Saneamiento ante la Problemática de la Zona Metropolitana de Puebla”, realizado por especialistas en medio ambiente, que indica el inicio del proceso para recuperar la cuenca del Atoyac que se encuentra en el estado de Puebla y el proceso para comenzar la limpieza de afluentes como el Atoyac, el Alseseca y San Francisco, requieren de cerca de cinco mil millones de pesos, Mastretta Guzmán explicó que se debe analizar la contaminación que proviene de los grandes desarrollos de vivienda y de empresas que arrojan sus descargas.
La industria, los fraccionadores y los desarrolladores de vivienda le apostaron al desgobierno del agua, a la fracturación de las atribuciones en materia de agua y a la debilidad municipal; con lo que cargan sus costos ambientales a la sociedad en su conjunto, comentó.
En entrevista, Mastretta Guzmán destacó que, si cada quien hiciera lo que las leyes y normas mandatan, no tendría que ser imposible revivir los ríos, y los costos estarían equitativamente repartidos de acuerdo a lo que cada quien contamina.
“Falta voltear a ver los grandes desarrolladores. Los grandes complejos habitacionales tendrían que poner una planta de tratamiento de agua y, al mismo tiempo, tenemos que exigir que los ríos que están junto a los desarrollos no traigan la contaminación que presentan. Si ellos tuvieran sus plantas, podrían tener una auto gestión del agua positiva. Ahora en muchos desarrollos, piden pipas para regar los jardines. Si tuvieran plantas de tratamiento como lo manda la Ley de Fraccionamiento, estarían teniendo un uso muy bueno del agua. Los desarrolladores de vivienda son grandes contaminadores sin carga ambiental. Los desarrolladores hacen la infraestructura por arriba, pero por abajo no. Van y sacan un permiso con municipios débiles como San Andrés y Santa Clara Ocoyucan y descargan a tubos que llegan a los ríos”, apuntó.
La consejera de la organización Dale la Cara Al Atoyac destacó que falta un orden municipal para el manejo y tratamiento de las aguas residuales, de lo cual, se aprovechan los desarrolladores de vivienda y las empresas contaminantes.
“Los desarrolladores de vivienda van y sacan licencias en los municipios y el agua la mandan a Puebla, en donde no se tienen los mecanismos para cobrar. Hay un enredo muy importante. Falta una estructura que pueda encabezar el gobierno de Puebla”, apuntó.
El Plan Integral de Saneamiento ante la Problemática de la Zona Metropolitana de Puebla indica que podría implementarse en un periodo de cuatro a cinco años; sin embargo, todo dependerá de la aplicación de recursos que se traduzca en acciones específicas que incidan en atender las descargas y en tratar las aguas residuales.
El Plan Integral de Saneamiento contempla seis fases: el diagnóstico de las descargas a cielo abierto; el diagnóstico de los colectores de aguas; un programa de control de descargas; un plan de saneamiento que incluya la reingeniería de las cinco plantas de tratamiento que operan en Puebla y la construcción de, al menos, dos plantas más; la remediación de descargas; y la construcción de nuevos colectores.
Las acciones para comenzar con la remediación de los problemas de contaminación del agua en la zona metropolitana de Puebla, beneficiará de manera directa a más de un millón 660 mil habitantes; sin embargo, de forma indirecta se traduciría acciones positivas para toda la entidad y para toda la región del país.
El plan de saneamiento revela que se requieren unos cuatro mil millones de pesos para realizar adecuaciones en las plantas de aguas residuales que actualmente operan en la entidad y para la construcción de dos nuevas.
AFM