Discuten sobre la importancia de agilizar declaración de ausencia

Lilia Fragoso lleva tres años esperando un documento conocido como “declaración de ausencia”. Su esposo David Fuentes desapareció el 9 de febrero de 2013 mientras trabajaba en una mina canadiense en Chihuahua, Chihuahua. Además de que pasó por casi todos los actos de negligencia, por parte de las autoridades, en la búsqueda e investigación sobre el caso, un día personal del Infonavit llegó a desalojarla de la casa que, años atrás, compró junto con el padre de sus hijas, quien hasta hoy se encuentra desaparecido.

Ayer se celebró el cuarto día del Foro de reflexión y propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). La jornada vespertina fue dedicada, en todas sus mesas, a uno de los asuntos colaterales que deja a los allegados la desaparición de un ser querido: la solicitud de una declaración de ausencia.

Esta es un documento que se expide cuando una persona desaparece sin dejar rastro, sin que sus familiares conozcan su situación o paradero. La ley permite que estos puedan solicitar al juez que declare al desaparecido ausente, a fin de poder adoptar medidas destinadas a proteger sus bienes y derechos, mientras se conoce la suerte o el paradero de la persona.

En México, el que los jueces otorguen estos documentos a los familiares de desaparecidos es la continuación del viacrucis que viven todos los días.

En el panel Experiencia en materia de declaración de ausencia, participaron Lilia Fragoso, activista que viajó desde Chihuahua. También estuvieron Claudia Ivette Estrada Carreón, coordinadora de la Clínica Ignacio Ellacuría y, como moderadora, la académica de la universidad jesuita Mariana Espeleta Olivera.

Fuera de cuestiones técnicas sobre la declaración de ausencia, en esta charla, Lilia, Claudia y Mariana abordaron el tema de la desaparición, a través de los ojos de Lilia, quien, con voz entrecortada, contó su historia.

“Yo soy esposa de David Fuentes González, desaparecido el 9 de febrero de 2013, junto con otras seis personas. Ocho días después desaparecen cuatro personas más del mismo lugar. En la mina canadiense Día Bras de México, en el municipio de Urique, Chihuahua. Han pasado casi siete años desde aquel día”.

La mujer, quien hasta ese día llevaba una vida tranquila con su familia compuesta por su esposo y sus dos hijas, ha sido revictimizada por autoridades e instituciones que en vez de ayudar obstaculizaron todos los procesos para encontrar o investigar lo que le pasó al padre de sus hijas y a otros de sus compañeros.

Cuando le dijeron que su esposo no aparecía pensó que podía ser un secuestro. Esperaba a que sonara el teléfono para que le pidieran un rescate. Nunca pasó.

Luego de una semana acudió a una agencia del Ministerio Público en Ciudad Cuauhtémoc, en la que le dijeron que esperara 72 horas y luego fuera a denunciar. Mientras, le levantaron un “reporte de ausencia”: “Me dice que no me puede levantar una denuncia porque a quién voy a denunciar, que si tengo el nombre de las personas que denunciaron a mi esposo, si sé cuál fue el móvil, y realmente de eso yo no sabía y no sé nada. Se limitó a decirme que lo único que iba a hacer es ponerle un reporte de ausencia, esperar que pasaran 72 horas para ver si mi esposo aparecía. Le dije que ya habían pasado más de ocho días y mi esposo no aparecía. Me dijo que no podían hacer otra cosa”.

Así pasaron seis meses. Cada día llamaba a la Fiscalía para preguntar si ya sabían algo. No sabían nada.

Fue hasta el 30 de agosto del mismo año cuando, en una marcha, conoció a integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ellas le ayudaron y la acompañaron otra vez a la Fiscalía de Ciudad Cuauhtémoc, donde pusieron una denuncia colectiva, por 10 personas que habían desaparecido en el mismo lugar, en horas y fechas similares.

La retahíla de respuestas desafortunadas por parte del gobierno fue coronada cuando a su casa, esa que había “sacado” años atrás junto con su marido, llegaron policías a desalojarla porque no había pagado algunas mensualidades. Como había podido, estuvo pagando los tres primeros años desde que su esposo desapareció, pero se le complicó la economía: “Llegó un momento en que yo ya no podía solventar ese gasto, puesto que tenía dos niñas a las que tenía que pagarles el estudio y pues realmente lo que yo ganaba era el único sustento que había en esa casa”, relató Lilia, quien después de un tiempo solicitó una declaración de ausencia, para poder hacer los trámites necesarios mientras su esposo no es localizado. Hace tres años que la pidió y aún no la tiene.

Esta es una experiencia que viven muchas personas, la intención de este panel fue informar sobre cómo este derecho se hace cumplir, dónde están las principales trabas y qué es lo que las personas están viviendo en su día a día con respecto a la cuestión de la ausencia que conlleva un montón de complicaciones.

“Se tiende a pensar que una desaparición es un hecho detonador y las familias y su día a día se centra en la búsqueda y la localización de sus familiares, pero también hay una serie de fenómenos que se dan alrededor de esto, cuestiones laborales, cuestiones que tienen que ver con la tutoría y la tutela de menores, aspectos económicos, aspectos de seguridad social”, dijo Mariana Espeleta.

“Además de buscar al familiar desaparecido estamos también tratando de resolver un montón de problemáticas que se van presentando, que no se tenían previstas y, además, quizá tampoco se tiene la cabeza, la capacidad o el conocimiento técnico para las familias esto se convierte en el pan de cada día de estas familias”.

​SRN