Siete estados del país, incluyendo Jalisco, concentran 71 por ciento de las desapariciones en México, algo que ocurre con un alto grado de impunidad, pues de acuerdo con un informe de la ONU recién presentado, de todos estos casos a escala nacional apenas “entre el 2 y el 6 por ciento habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.
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En el caso concreto de Jalisco, el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU indica que una constante en la entidad es el alegato “de desaparición de personas tras su internamiento en centros de tratamiento de adicciones”, situación que también fue identificada en Coahuila. También refiere que el Comité de la ONU “valora positivamente la creación de centros y unidades dedicados a la identificación humana”, entre ellos la Dirección de Identificación Humana en Jalisco.
La delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
Los miembros del Comité visitaron Jalisco en noviembre de 2021. Sus integrantes sostuvieron una reunión con representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco y escucharon de viva voz las presuntas irregularidades cometidas por autoridades de Jalisco, en los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas. También se reunieron con funcionarios estatales, encabezados por el gobernador Enrique Alfaro.
La presentación del informe se dio ayer. El documento que se generó es de 80 páginas, dividida en diferentes puntos. Un comunicado del Comité de la ONU advierte que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
El Comité expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Lamentó que, cuatro años después de la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, “solo algunas entidades federativas cuentan con fiscalías especializadas (Coahuila, Guerrero y Estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz), mientras que otras las han categorizado de una manera que no se corresponde con la estructura orgánica y atribuciones establecidas en la Ley General (Baja California, Jalisco y Sonora).
Además, las fiscalías especializadas, por lo general, no cuentan con los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para cumplir con sus funciones”. En la página 7 del informe se indica que en México “los servicios forenses son insuficientes (...) y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
En sus recomendaciones, urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación de todas las instituciones.
MC