Más que festinar, el Estado debe redoblar esfuerzos y mejorar sus políticas de combate al trabajo infantil partiendo de que en México, hay 3.2 millones de niñas niños y adolescentes que trabajan: “Esta cifra no es para celebrar, hablamos de personas de cinco a 17 años de edad que realizan una actividad económica, y seis de cada diez (6.4) lo hacen en actividades no permitidas”, afirma el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), A.C. Juan Martín Pérez García.
En entrevista con MILENIO JALISCO, a propósito del informe Módulo de Trabajo Infantil, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el martes pasado y que reveló una reducción del fenómeno en todo el país –del 12.4 por ciento de los menores de edad que laboraban en 2015 decreció la cifra al 11 por ciento en 2017-, Pérez García señala que este es un avance pero queda mucho por remontar: pues además de trabajar, cuatro de cada diez están fuera de la escuela, la mitad de ellos y ellas no perciben ingresos económicos por su trabajo y ocho de cada diez viven en pequeñas comunidades.
“Esencialmente lo que nos vuelven a ratificar estos datos, es que tenemos una proporción muy alta de niñas y niños que por condiciones de desigualdad se ven forzados a realizar actividades económicas. Hay una relación directamente proporcional a los bajos ingresos de las familias, pobreza económica, prácticas culturales del trabajo infantil y la ausencia del Estado: Esto permite que 3.2 millones de proyectos de vida estén pausados o con riesgo de no concretarse”, sostiene.
Y esta ausencia del Estado, cuestionada por los organismos civiles dedicados a la defensa de derechos de la niñez, se refleja en el presupuesto: No solo el fenómeno del trabajo infantil, sino otros graves problemas como la trata con fines de explotación sexual, la pornografía infantil y el reclutamiento para el crimen organizado que atentan contra la población menor de edad, no logran ser erradicados… porque no se destinan recursos e infraestructura suficiente para hacerlo.
De acuerdo con el especialista en derechos de niñez, han pasado diez años desde que instituciones del Estado reconocen su incapacidad para resolver tales desafíos “pero esto no se ha traducido en lo absoluto en el incremento del presupuesto, ni se ha traducido en un rediseño institucional, a pesar de que tenemos desde 2014 la nueva Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que crea un Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), dentro del cual se está articulando la Comisión Interestatal para la Erradicación del Trabajo Infantil”.
Se trata de una “legislación de avanzada”, apunta, en respuesta al compromiso 10 por la Infancia que hizo el presidente Enrique Peña Nieto hace seis años con Unicef y la Redim. En el balance sexenal que adelanta la Red, esto es uno de los más grandes avances. El ‘pero’ es que no se dotó de presupuesto para cumplirla: “El recurso asignado desde 2015 a la fecha es cero”.
“Hay que reconocer que con esta administración se logró tener una ley general de muy buena calidad, comenzar a instaurar el Sipinna, ha hecho un trabajo impresionante la secretaría ejecutiva en la persona ahora de Ricardo Bucio, pero lo están haciendo con las uñas. No hay presupuesto público y la falta de coordinación sigue presente y ha sido el principal obstáculo para que funcione el sistema”, enfatiza.
CRIMINALIZAR LA POBREZA
Una visión errónea para erradicar el trabajo infantil es criminalizar a la pobreza. Es corta y termina por separar a los menores de edad de su entorno familiar y llevarlos a instituciones (albergues) con otros muchos riesgos, como quedó demostrado –cita el entrevistado- en el albergue de La Gran Familia en Michoacán regenteado por “mamá Rosa” o recientemente en las denuncias de pederastia en la Ciudad de los Niños del presbítero Pedro Gutiérrez.
“Los gobiernos, federal y estatales, siguen sólo simulando, mantienen discursos incluso autocríticos de ‘no tenemos capacidad’ (de vigilar cada lugar donde podrían trabajar niños y niñas, por ejemplo), pero no hay coherencia presupuestal y sí una criminalización de las familias pobres”, recalca.
Esta política es contraria a la Convención de Derechos del Niño que México firmó hace 28 años y que retoma la ley de NNA.
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“Cuando una familias no tenga recursos para garantizar derechos de los niños debe ser el Estado el que intervenga, no para separarlos, no para perseguirlos, sino para apoyar. ¿Cuántos programas asistenciales en México, Prospera y otros que existen se usan para la población excluida y no como método de controles electoral y clientelares?”, cuestiona Juan Martín Pérez, para quien, en el menos peor de otros casos, hay programas que son paliativos y temporales pero no resuelven el problema de la desigualdad.
En la práctica prevalecen también “absurdos” –dice- como el hecho de reformar la Constitución estableciendo una exigencia más alta al trabajo infantil permitido (al pasar la edad de los 14 a los 15 años), bajo ciertas limitantes… cuando es sabido que hay actividad económica desde los cinco años.
Para erradicar el trabajo infantil la propuesta de organismos internacionales como Unicef, incluye dotar a los padres y madres de empleos dignos y mejorar el ingreso económico de las familias, también apoyados con programas compensatorios, garantizando su acceso universal y no limitado o discrecional.
Numeralia
NIÑOS TRABAJANDO
(5 A 17 AÑOS)
3.2 millones de niñas niños y adolescentes trabajan
6.4 de cada diez laboran en actividades no permitidas
4 de cada diez están fuera de la escuela
5 de cada diez no perciben ingresos económicos por su trabajo
8 de cada diez viven en comunidades pequeñas
11% de niños trabajaron en México en 2017 (frente a 12.4% en 2015)
Nayarit tuvo la mayor tasa de trabajo infantil en 2017 (19.7%)
Querétaro tuvo la mayor tasa de trabajo infantil en 2017 (5.3%)
Jalisco tuvo la mayor reducción del trabajo infantil en los últimos 3 años (37% menos)
Fuente: Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017 del INEGI/Redim
Claves
TRES GRANDES LLAMADOS DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
1. NO CRIMINALIZAR A LAS FAMILIAS POBRES. Mientras no se incrementen los ingresos de las familias y se reduzca la desigualdad seguirá existiendo trabajo infantil
2. HAY QUE ESCUCHAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Deben ser tomadas en cuenta sus opiniones, acciones como la institucionalización puede violar sus derechos y termina siendo pero para ellas y ellos, por eso hay que escucharles.
3. DOTAR DE PRESUPUESTO A LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA. Unicef señala que menos del 1% se destina a este rubro y no corresponde al tamaño de este grupo de población: cerca de 40 millones de niña, niños y adolescentes.
MC