El Comité de Participación Ciudadana (CPC), acordó solicitar formalmente a la Contraloría estatal una auditoría especial al proceso de trámites vehiculares, para constatar que no haya fallas ni corrupción en la renovación de placas, altas, bajas o algún otro trámite relacionado con la tenencia de unidades.
El presidente del CPC, Alberto Benabib Montero, dijo esto surgió por las dudas y cuestionamientos que se hicieron al programa, el cual se lleva por primera vez prácticamente en línea, las denuncias de coyotaje, así como la vinculación de algunos servidores públicos en prácticas ilegales y la venta de servicios a través de redes sociales.
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Durante su 116 sesión ordinaria el CPC aprobó la propuesta de auditoría al proceso de trámites vehiculares y se realizó el análisis de los Lineamientos para la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs.
En entrevista luego de la reunión, Alberto Benabib, señaló que previo a esto han hecho revisiones y trabajos de seguimiento, además de reuniones con los funcionarios vinculados con el tema, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Contraloría, la Fiscalía de Justicia y la Policía Cibernética.
Indicó que de manera informal ya han platicado con el contralor, Javier Vargas Zempoaltecatl, sobre este tema y esperan que acepte la solicitud y se puedan tener resultados lo antes posible para que se puedan corregir las fallas y blindar el procedimiento para tranquilidad de todos los usuarios y del mismo gobierno estatal, con un padrón confiable.
“Es una auditoría al proceso porque desde que iniciamos y habiendo tenido reuniones con diferentes funcionarios, vimos que uno de los temas que preocupaba era el reemplacamiento que se hace por internet y la gente no está muy acostumbrado a este y detectamos por comentarios, redes sociales, anuncios de internet que se ofrecían los trámites” indicó.
De las reuniones con Finanzas conocieron que el programa se evaluó y en general tuvo una aceptación buena, con diferencias por edad. Los jóvenes lo vieron fácil, los de mayor edad les parecía complicado y otros no se sentían tranquilos de hacerlo por internet y querían acudir directamente.
Al monitorear el tema pudieron conocer que había gestores, ubicando varias vías para ofrecer el servicio, de manera física fuera de las instalaciones, otros operaban desde las agencias para decirle a sus clientes que era un problema y ofrecerles el servicio, además de los anuncios en redes sociales, donde ofrecen placas de diferentes entidades.
“Si esto es una asesoría podría ser algo legal, pero si se detecta que tienen alguna conexión con algún funcionario que se preste a entregar las placas, queremos que se detecte si el proceso tiene fallas o son fallas humanas y realmente se pueda corregir, por lo cual se dieron datos a la Fiscalía, la policía Cibernética y la Contraloría para que actúen” aseveró.
Con este acuerdo se formaliza la solicitud de auditoría de todo el proceso y esperan un informe de cómo está operando y cómo se garantiza su confiabilidad.
MMCF