Con el paso de los años la región Tula comienza a perder su convicción agrícola, para darle prioridad a la actividad industrial, algo que las autoridades y los propios campesinos saben.
Uno de ellos es Eleazar Osornio Cruz, un campesino de 50 años de edad, de los cuales la mitad la ha dedicado a las labores agrícolas. Admite que los jóvenes ahora no tienen la intención de trabajar la tierra, pues su mentalidad está encaminada a vender las tierras, que antes eran usadas para la siembra, a empresarios para el desarrollo de proyectos industriales o inmobiliarios.
Hijo de Tomas Osornio, un campesino reconocido entre los pobladores y ejidatarios de Melchor Ocampo-El Salto, en Tepeji del Río, Eleazar dice que hay mucho interés de los empresarios en invertir en la zona, aunque de momento por la pandemia se han replegado, pero reconoce que una vez que pase esta contingencia regresarán para buscar que los más jóvenes vendan sus tierras, esas que ya no quieren trabajar.
El ejido Melchor Ocampo-El Salto, tiene 1300 hectáreas aproximadamente, de las cuales apenas 350 son de riego de agua negra, las poco menos de mil restantes son de temporal, es decir, dependen de la lluvia para el proceso.
Las pérdidas
El cambio climático ha derivado en épocas de sequías, como la del año pasado, cuando campesinos del ejido Melchor Ocampo-El Salto, perdieron 300 hectáreas de cosechas por falta de lluvia para sus parcelas de temporal.
Eleazar Osornio Cruz, junto con otros cien campesinos del ejido ingresaron sus documentos para acceder al Seguro catastrófico, pero sólo 20 obtuvieron el apoyo.
Aunque resultar beneficiados por dicho seguro no significa que recibirán el dinero suficiente y de manera oportuna. El año pasado campesinos del ejido San Buenaventura recibieron su apoyo por los daños que una tromba, registrada hace cuatro años, causó a sus tierras.
La prioridad para estos y otros apoyos, dice, los tienen otras zonas del estado, como la sierra, la huasteca, pues a la región Tula-Tepeji la consideran como una zona no marginada, y con una fuerte actividad industrial, aunque forma parte de la región Valle del Mezquital, que según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh) concentra el 44 por ciento de la tierra destinada a los cultivos.
Aunque sí llegan algunos apoyos pero no del gobierno federal, pues dice Osornio Cruz, en esa esfera han dicho mucho, y hecho poco. ProAgro, anteriormente Procampo, sólo les otorga mil 420 pesos, cuando tan sólo una fumigación puede llegar a los mil 500 pesos.
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Lo que sí han recibido son apoyos del gobierno de Hidalgo, apoyos que van desde semilla hasta préstamo de maquinaria especializada.
Justo en el rubro de apoyos, actualmente los campesinos de los distritos de riego 03 Tula y 100 Alfajayucan, así como de las unidades de riego Tula, Tlamaco-Juandhó, Mixquiahuala, Actopan y Tepatepec, están solicitando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que les otorgue más agua para riego.
Desde la puesta en operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), situada entre las comunidades San Antonio y San José, en Atotonilco de Tula, la cantidad de agua residual que reciben ha disminuido, acusan.
Según los campesinos, tienen asignados 40 metros cúbicos por segundo, pero a raíz de la puesta en marcha de la PTAR, únicamente reciben una dotación aproximada de 20 metros cúbicos por segundo.
Y dicen que a la disminución de líquido se ha sumado la mala calidad del agua, pues presuntamente carece de materia orgánica, arguyen que ésta le es retirada y sólo les suministran agua residual con predominancia de metales pesados.
Afirman por ello que ese tratamiento del agua ha resultado contraproducente para la tierra de cultivo. Las pérdidas, dice por su parte Fernando Sánchez Reyna, de la unidad de riego de Tepatepec, han sido millonarias. Ante ello han solicitado al gobierno de México que atienda su demanda para revisar la viabilidad de la PTAR para el campo de la zona.
Con insistencia, expresa, han pedido una mesa de diálogo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ni la Conagua ni el gobierno estatal han efectuado acciones para evitar las mermas en el campo.
En el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Conagua les dijo a los campesinos que el proceso en la PTAR permitiría la conservación de la mayor cantidad de nutrientes como fósforo y nitrógeno, además de que respetaría las concesiones otorgadas a los ejidatarios de la zona del Valle del Mezquital.
Pero René Romero Rivera, ambientalista y presidente de la Red de consciencia ambiental “Queremos vivir”, alerta del riesgo del uso de las aguas residuales en el campo. “Es algo muy evidente, el agua negra o contaminada siempre es adversa para la salud física, humana y ambiental”.
Dice que las aguas residuales son un importante foco de contaminación pues transportan muchas sustancias nocivas, además de bacterias y virus, por ejemplo el de la actual pandemia, por lo que se debe endurecer la legislación para regular las descargas y socializar las consecuencias del uso de esta agua en la actividad agrícola.
Admite sin embargo que en la región permea entre los campesinos la idea de que esa agua es benéfica para los cultivos, no obstante insistió en que no sólo transporta nutrientes, sino distintos contaminantes que podrían afectar a la salud humana e impactar ambientalmente.
Resalta que es fundamental que se aplique la legislación, pues aunque haya normativa ambiental no se respeta, toda vez que en el caso de las descargas residuales no se revisa la calidad de las descargas residuales vertidas al río Tula o a la presa Endhó.