El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) señala que no basta la vinculación a proceso contra un médico forense y un ministerio público por certificar como suicidio el feminicidio de Liliana Carrillo González, la joven wixárika asesinada por su esposo en marzo pasado.
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Para la organización, lo que sucede en la zona Norte de Jalisco es una práctica sistemática que debe ser investigada.
“Tenemos esta sospecha de que justo en esas zonas, las zonas indígenas, [es] en donde menos se investiga, menos se llega a la responsabilidad de quienes cometen estos ilícitos”, dijo Guadalupe Ramos, coordinadora de Cladem.
El ministerio público Oscar “N” está suspendido de sus funciones y el médico legista José Fernando “N” no podrá ejercer como perito. Ninguno está en la cárcel, porque los delitos de los que se les acusa no ameritan prisión preventiva.
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“Se tiene que investigar por ejemplo todos los casos en que este médico hubiese participado en su actividad legista, las autopsias que realizó se tendrán que revisar porque si este es un caso que ocurrió, tenemos la sospecha que pudo haber ocurrido en otros casos más, entonces las investigaciones tienen que ir más a fondo, igual con este ministerio público”, apuntó Ramos.
Gelacio “N”, esposo de Liliana, es el único que está en prisión.
MC