En México hay al menos 60 mil personas desaparecidas, de las cuales unas ocho mil pertenecen a Jalisco. Son datos oficiales. Ante la situación, en 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y, aunque “suena muy bonita”, si no hay sanciones a quienes la incumplan no servirá de nada.
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En el marco del segundo día del Foro en Materia de Personas Desaparecidas, celebrado del 27 al 31 de enero, Jorge Verástegui González, integrante de familias que participaron en el proceso de elaboración de esta ley, recalcó que el Estado no cuenta con herramientas para exigir su cumplimiento.
“El asunto es que desde la teoría y desde la ley es muy bonito exigir la responsabilidad de los órdenes de gobierno, sin ponerles una sanción. Si no hacen ¿qué les hacemos?”, enfatizó el activista especialista en el tema.
“¿A quién le decimos: ‘El gobierno de Jalisco no está haciendo nada, está simulando que hace’? En la práctica vemos a una Comisión de Búsqueda desmantelada, y a una Fiscalía que no comparte información con la Comisión de Búsqueda, y la minimiza, y le dice que es su auxiliar. Y qué hacemos, qué herramientas hoy podríamos tener para exigir que se cumpla la ley”.
En la mesa denominada Ley General en Materia de Desaparición de Personas: objetivos principales y esquema de coordinación entre autoridades, también participó Angélica de la Peña Gómez, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, quien destacó la imperante necesidad de que exista coordinación entre los tres niveles de gobierno: “En la realidad México tiene muy poco avance en el entendimiento de que la coordinación entre las instituciones en los tres órdenes de gobierno y entre las distintas instituciones, es un camino que tenemos que lograr en nuestro país para buscar que la seguridad realmente sea eficiente”.
“Lo más importante es que exijamos cuentas. Si no hay manera de que sumemos la voz de cada quien y articularlas entre todos, las cosas no van a cambiar. Y bueno, los municipios, igual para dar una respuesta del tamaño que se necesita, se necesita puntualizar en la responsabilidad que tienen cada uno de los tres órdenes de gobierno. Y no solo encontrar a las personas, sino garantizar la no repetición. Así como determinar si hay responsabilidad por la omisión o comisión de los distintos actores”.
Durante la charla, Verástegui insistió en que hoy las 32 entidades federativas del país siguen incumpliendo con tener una buena y eficiente Comisión de Búsqueda, a excepción de la del Estado de México, donde además de la titular trabajan alrededor de cien personas, en el resto no están haciendo nada: “Qué responsabilidad tiene el gobierno del estado y qué responsabilidad tienen los municipios frente a la ley, porque podemos decir que todos tienen responsabilidad, que la ley es muy clara y va desde el municipio hasta la federación. Se tendría que coordinar, tendríamos que tener a las policías municipales, coordinadas con las comisiones locales y, a su vez, con la Comisión Nacional, con todos y todas las fiscalías. Suena muy bonito, pero en la práctica, que es lo que nosotros demandamos, eso no funciona. No tenemos herramientas para hacer exigible la ley”, subrayó el hermano de José Antonio y tío de Antonio Jesús Verástegui, quienes se encuentran desaparecidos.
“No tenemos ninguna herramienta. También es ver cómo el exigirle a la federación. Asumir una responsabilidad como estado, es decir, en materia de desaparición la situación es tan grave, está todo tan desbordado que tenemos que asumirlo. Quizá centralizarlo, y después ir cobrándoles a las entidades, quizá por eso hablamos de presupuesto”, señaló.
Jorge reconoció que el 17 de noviembre de 2017 se haya publicado esta ley, para entrar en vigor en 2018, fue un proceso inédito y único, ya que por primera vez en la historia los colectivos y familiares de personas desaparecidas fueron tomados en cuenta.
“Desde su exigencia hasta el proceso legislativo. No hay un proceso en el que un movimiento social, como el de familiares de personas desaparecidas, se sentara a dialogar de manera muy abierta con el Estado para escuchar. Las presidentas de las comisiones salieron a escuchar a las familias. Es algo inaudito. Nunca se había visto que los legisladores se levantaran de su curul para crear una ley”, dijo.
Tanto Angélica de la Peña como Jorge Verástegui coincidieron que el proceso para la elaboración de esta ley llevó consigo una exigencia muy importante, ya que crea un sistema jurídico que no existía, que versa sobre la búsqueda de las personas desaparecidas.
JMH