Los familiares de July Raquel Flores Garfias, acusada de participar en el asesinato de la rectora del Colegio Valladolid en Veracruz, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar y a emitir una recomendación conforme a los más altos estándares en la materia sobre el caso de tortura sexual a la que fue sometida durante la detención.
“Llamamos a que la CNDH conduzca una investigación diligente y que tome en cuenta el protocolo de Estambul y otras pruebas, tales como el testimonio de July, de su familia y las constancias oficiales provenientes del proceso penal, entre otros. Además, la investigación debe realizarse con perspectiva de género, considerando los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres”, dijo Alejandra Elguero Altner, abogada del Centro Prodh.
El 6 de noviembre de 2020, July Raquel, fue detenida en un operativo conjunto de la policía ministerial del estado de Veracruz y de la Ciudad México, acusada de participar en el asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora del Colegio Valladolid, ocurrido el 29 de junio de 2020 en Xalapa.
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July Raquel estuvo detenida por varias horas en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y, posteriormente, fue trasladada en vehículos de la policía ministerial de Veracruz al municipio de Xalapa, donde sería presentada ante un juez. Durante las más de nueve horas que duró el viaje, fue víctima de actos de tortura y tortura sexual.
A partir de mayo de 2021, el Centro Prodh acompañó a July Raquel y a su familia para exigir que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes ante los actos de tortura sexual, cometidos por las autoridades que realizaron su detención y traslado.
En julio de 2021, la CNDH ejerció su facultad de atracción sobre la queja presentada por la familia de July ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Aunque la CNDH realizó el protocolo de Estambul para verificar los actos de tortura, los familiares denunciaron que, hasta el momento, la Comisión no ha presentado los resultados de la prueba y otros elementos que podrían demostrar la tortura a la que fue sometida durante la detención.
July Raquel lleva un año privada de su libertad en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. Alejandra Elguero Altner señaló que el único elemento que liga a July con este asesinato es que, de enero a mayo de 2020, ella condujo el auto utilizado en el crimen como un Uber en la capital del país, pero dejó de trabajarlo por la pandemia de coronavirus.
Martín Flores, padre de July, pidió que justicia en el caso de su hija porque su juicio no ha avanzado y ella se mantiene presa, en espera de que se demuestre su inocencia.
Por su parte, la madre de la acusada, Etelvina Garfias, dijo que la detención arbitraría, la tortura y las injusticia contra su hija son acciones que les han cambiado la vida. Además, exigió la liberación de su hija a través de un proceso justo, pues ni siquiera han tenido acceso a la carpeta de investigación.
Al respecto, Sofía de Robina Castro, abogada del Centro Prodh mencionó que el caso de July demuestra que la tortura en México sigue siendo una práctica generalizada, pues su denuncia se ajusta al patrón documentado por el Centro de derechos humanos en el informe “Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”.
“Existe una alta incidencia de tortura sexual en contra de mujeres en delitos de fuerte impacto social cuando transcurre tiempo excesivo entre la detención y la presentación ante juez competente, sobre todo cuando en este lapso las mujeres detenidas permanecen materialmente bajo la responsabilidad de corporaciones ajenas a controles, como son las policías ministeriales, en condiciones propicias para la arbitrariedad”, detalló De Robina Castro.
En este contexto, el caso de July Raquel Flores García se suma a la campaña “Rompiendo el Silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, generada a partir del impulso de las mujeres sobrevivientes que llevaron el caso Atenco hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La campaña busca visibilizar que la tortura sexual es una práctica cometida en mayor medida en contra de mujeres como expresión de extrema discriminación en razón de género y exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones para erradicarla.
ROA