El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos y la Colectiva Fortaleza denunció a través de redes sociales que Laura Lucía se encuentran presa de manera injustificada en Jalisco, ya que aseguran que se trata de un acto de represalia tras denunciar que había sido víctima de violencia por parte de su jefe.
De acuerdo con el posicionamiento, en enero de 2022, Laura Lucía Rivera denunció al director general de Grupo Mega por acoso y abuso sexual entre 2018 y 2021; posteriormente en septiembre de este año, Laura fue acusada por la misma empresa de administración fraudulenta y fraude genérico.
“Durante cuatro años, Laura fue víctima de tratos violatorios a sus derechos humanos y desde luego laborales: hostigamiento, tocamientos, peticiones de índole sexual hasta que todo se convirtió en amenaza pues debía cumplirle al jefe”, expresaron.
La denuncia fue realizada por Laura ante el Centro de Justicia para las Mujeres de Jalisco, sin embargo, ésta se desestimó, ya que el delito ya había prescrito de acuerdo con las autoridades. Tras esto, Laura, como su presunto agresor, fueron notificados de la resolución y posteriormente fue cuando se detuvo a la joven y se inició la investigación en su contra por los delitos antes mencionados.
“Un fuerte operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco la detuvo con exceso de violencia sin exhibir una orden de aprehensión acusada sorpresivamente de administración fraudulenta y fraude genérico”, detalló el colectivo Fortaleza.
Ahora, Laura se encuentra detenida en Jalisco, sin posibilidad de llevar su proceso en libertad, porque de acuerdo con El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos, el juez negó esta medida, debido a que existe un riesgo de fuga.
Por lo cual, ahora piden a las autoridades una revisión exhaustiva a la carpeta de investigación levantada por Laura, para que se determinen las omisiones presentadas en la misma y se pueda abrir carpetas contra los funcionarios correspondientes.
Asimismo, exigieron la libertad de la joven ante las presuntas irregularidades en la carpeta de investigación en su contra, por lo cual piden se sancione a los responsables de estos hechos.
“El caso de Laura es una clara muestra de la asimetría del poder frente a la justicia patriarcal que se materializa en la violencia institucional que la tiene presa por denunciar a su agresor sexual”, precisó el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos.
DM