La Universidad Iberoamericana Puebla celebró la declaración de la Secretaría de Economía del gobierno federal en torno a manifestar la no factibilidad de otorgar títulos de concesión minera en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
La firma Minera Gorrión SA de CV, empresa subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, busca desarrollar el proyecto de mina Ixtaca, en la Sierra Norte de Puebla, una vez que se realice la consulta correspondiente a las comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán.
Ante el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero de 2022, al ejido de Tecoltemi, se ordenó a la Secretaría de Economía dejar insubsistentes los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 otorgados en 2003 y 2009 a Minera Gorrión; además, se tendrá que hacer una consulta a las comunidades.
En este proceso, la Secretaría de Economía (SE) retiró el apoyo que daba a la Minera Gorrión para recuperar las dos concesiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante esta situación, la Ibero Puebla llamó a las partes involucradas a respetar la decisión del máximo tribunal en el país y de la Secretaría de Economía.
“Respaldamos la petición de la población al Juez de Distrito, de dar por cumplida la resolución judicial. Estamos atentos a que prevalezca el respeto al territorio y a los derechos humanos de la población, así como a cualquier acto de intimidación en su contra”, detalla el posicionamiento de la Ibero Puebla.
Al mismo tiempo, la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita recordó que ha alertado reiteradamente sobre el modelo de desarrollo preponderante que alienta la depredación de los bienes comunes y es un factor decisivo en la actual crisis socio ambiental.
“Nos sumamos también a las demandas de la colectiva #CambiémoslaYa, encaminadas a reformar de manera profunda la Ley Minera para poner al centro la vida, la salud y los derechos humanos, eliminando de ella los abusos y privilegios de la industria minera. Esperamos que la decisión de la Suprema Corte sea el inicio de una reflexión social sobre el modelo de desarrollo y las actividades económicas; y que el Estado comience un proceso de impulso a modelos alternativos de desarrollo integral que pongan en el centro la dignidad, la justicia y el cuidado de nuestra Casa Común”, finaliza el documento.
CHM