A fin de que los indígenas y personas con discapacidad tengan traductores, intérpretes, además de que puedan solicitar medidas de asistencia en los juicios civiles, el coordinador del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.
Señaló que se busca garantizar el acceso efectivo a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita ya que, históricamente, en México, tanto los integrantes de pueblos originarios como las personas con alguna discapacidad, han sido discriminadas al momento de ejercer sus legítimos derechos.
La propuesta contempla añadir los artículos 21 bis, 21 bis I y 21 bis II al Código de Procedimientos Civiles Estatal, a fin de armonizarlo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y con Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León.
“A través de esta iniciativa estoy proponiendo que en los juicios donde intervengan personas con discapacidades visuales, auditivas, de locución o cualquier otra que le impida desarrollarse plenamente, el juez deberá ordenar la asistencia técnica necesaria.
“Cuando se vean involucradas personas indígenas que no hablen español, o no lo sepan leer, ellas también deberán ser asistidas por un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en su propia lengua o en español”, indicó.
Treviño manifestó que es obligación de Nuevo León implementar acciones y mecanismos que se traduzcan en avances materiales en favor de los grupos más vulnerables.
Aunque reconoció que existen avances importantes en la impartición de justicia, Treviño Cantú recalcó que lo correcto es plasmar en el Código de Procedimientos Civiles la disposición de asistir con traducción o interpretación a quienes así lo requieran por su condición, ya sea con mecanismos auditivos o visuales.
“Es importante destacar que en el escenario hipotético que, por alguna razón, no haya asistencia necesaria para los indígenas o personas con discapacidad, las audiencias judiciales deberán suspenderse y reprogramarse a efecto de que se cumplan y garanticen los derechos de los involucrados.
“Aunque ya existe un amplio avance normativo y jurisprudencial en materia de acceso a la justicia a favor de las personas indígenas y con discapacidad, nunca está de más reforzar nuestro marco normativo local para que no quepa duda”, concluyó.
Plantea PAN registro de deudores alimentarios
Para que los padres de familia cumplan con su obligación tras un divorcio y los hijos no sufran las consecuencias, diputados locales del Partido Acción Nacional presentaron una reforma de ley para proponer un padrón de deudores alimentarios en la entidad.
La iniciativa fue presentada por los diputados locales, Lilia Olivares Castañeda, Paolo Coronado Ramírez, Nancy Olguín Díaz y Mauro Molano Noriega, así como los legisladores federales: Mariana Mancillas y Annia Gómez, además de integrantes de la Asociación Tendedero Deudores Alimentarios de Nuevo León.
Se contempla en los derechos alimentarios de los niños, niñas y adolescentes la asistencia médico – hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto.
Mauro Molano, dijo que debe haber atención en gastos derivados de la educación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión, así como apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad lo necesario y en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.
“Que consiste en un registro estatal de deudores alimentarios, este registro lo llevará el DIF y se almacenará en una base de datos de aquellas personas que están incumpliendo de la obligación de la alimentación de los menores de edad”, manifestó Molano.
Nuevo León forma parte de la lista de estados de la república que no cuentan con un registro de personas deudoras alimentarias, siendo esta una gran problemática social para las madres de familia.