Alrededor de 38 millones de habitantes fueron abandonados por el gobierno mexicano durante la pandemia de covid-19, pues no se estableció una estrategia de atención específica ante los efectos de la emergencia sanitaria, lo que a su vez dejó una la brecha de aprendizaje, la reducción de ingresos en la familia y, con ello, una mala alimentación, así como el incremento de la violencia y la situación de orfandad en algunos casos, coincidieron Unicef México, la Red por los Derechos de la Infancia y el Sipinna Coahuila.
“Más de 1.5 millones de niños no están inscritos en el actual ciclo escolar, estamos ya viendo que en los estratos socioeconómicos más pobres hay un significativo abandono, lo cual preocupa mucho porque significa ampliar aún más brechas de aprendiza y existentes entre los hogares de mayores recursos”, señaló Catalina Gómez, jefa de política social de Unicef.
En el foro MILENIO Explica con Fanny Miranda, Catalina Gómez destacó que, además de las dificultades para apoyar el aprendizaje en casa, que casi siempre recae en la madre, la situación es más grave en los hogares más pobres, sin acceso a internet, computadora o televisión, pues las dificultades económicas de sus familias y problemas emocionales, es posible que se enfrenten a ambientes tóxicos dentro de su propio hogar.
Por su parte, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) destacó que el cierre de plantes rompió la comunidad educativa, por lo que los niños y niñas fueron ignorados, con efectos en el desarrollo metabólico de los niños, que está vinculado al movimiento.
“Hasta ahora, no hay estrategia de atención y de comunicación específica para niños y adolescentes, 38 millones de habitantes, uno de cada tres hábitats del país. Se definió la política de salud de la pandemia sin una tercer parte de la población y, a un año, seguimos sin tener una explicación para niños y niñas, por ejemplo, ¿porque no hay vacunas para ellos? Cuando estamos diciendo que es la salvación.
“Lo que estamos viendo es una pérdida del sentido de vida, cuál es el futuro? Hay un limbo de ‘no tengo certeza si volveré a ver a mis amigos y amigas’ y una percepción de abandono, porque aunque se mantuvieron en contextos familiares, no podemos decir que todos lo vivieron bien. Además de la crisis de aprendizaje”, señaló Juan Martín Pérez.
Por ello, Catalina Gómez, jefa de política social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Teresa Araiza, junto con Redim, urgieron al gobierno mexicano a realizar políticas integrales con las que se puedan incluir en los planes a los menores de edad para prevenir y combatir riesgos en un plano a futuro.
El experto detalló que, si bien la pandemia por sí sola es un gran reto, para las instituciones enfocadas en la protección de los menores de edad, lo es aún más, especialmente por los recortes de presupuesto.
“UNICEF en noviembre pasado preparó un informe muy bueno, recomendando al estado mexicano que el Presupuesto de Egresos del 2021 era regresivo y afectaría a millones de niños, fue totalmente ignorado, nosotros fuimos ignorados y se recortaron presupuestos elementales: alfabetización digital, escuelas de tiempo completo, estrategias de prevención de embarazo adolescente, de trabajo infantil, de atención a adolescentes”, refirió Juan Martín Pérez.
“Claramente esta administración decidió voltearle la espalda a niños y niñas, abandonarlos y responden a un paradigma viejo, pensando que ellos no votan, no pagan impuestos, no son productivos y son responsabilidad de las familias”, explicó.
En tanto, Catalina Gómez llamó al Estado a retomar la importancia de dichas políticas integrales, a reconocer que estos grupos han tenido una afectación real durante la pandemia y que, de seguir en lo mismo, sería muy costoso.
“Sería muy costoso no actuar, por las consecuencias específicas e individuales para el desarrollo pleno de todos los niños, pero también porque luego es más costoso remediar”, dijo.
En ese sentido, Teresa Araiza abundó que dicho fenómeno se ve reflejado desde el registro de nacimiento, es decir, el primer derecho como ser humano, el cual cayó de manera inmediata a raíz de la llegada del coronavirus.
“También eso nos ha enfrentado a retos, que desde lo local lo resolvemos, he visto comprometidos a municipios, a localidades más pequeñas y he visto solidaridad entre los estados y con asociaciones civiles”, alentó la experta.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Coahuila, el 95 por ciento de los alumnos de nivel básico en la entidad desean retornar a sus clases en vivo, aunque 16 por ciento de ellos mencionaron no sentirse seguros de regresar a sus salones, debido a la pandemia por covid-19.
Datos de Sipinna nacional, al corte del 25 de abril, señalan que 50 mil 706 niños, niñas y adolescentes han dado positivo a covid-19; más del 50 por ciento (28 mil 926) son adolescentes de 12 a 17 años. En tanto que 548 menores fallecieron a causa del virus SARS Co-2, y la mayoría se registraron en el Estado de México (80), Baja California (41), Puebla (39 casos), Ciudad de México (36), y Nuevo Léon, que en conjunto suman 231 casos, equivalente al 42 por ciento de los fallecimientos totales en menores.
Asimismo, la jefa de política social de Unicef en México destacó que el confinamiento dejó un impacto no sólo en empleo e ingresos, sino en otras dimensiones del bienestar, como la seguridad alimentaria, la salud mental y la educación, particularmente en aquellos hogares con niños, niñas y adolescentes.
Destacó que estos hogares vieron sus ingresos reducidos en 73.5 por ciento de febrero a mayo de este año, mientras que los hogares sin niños en 57.9 por ciento. Además, sólo tres de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar, por lo que la inestabilidad económica tiene consecuencias colaterales en cuanto a nutrición, educación y violencia.
LP