El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Roberto Rico Ruiz, señaló que la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, contra la reforma en materia indígena aprobada por los diputados locales se trató de una interpretación de su parte.
Indicó que el área jurídica del Congreso litigará el caso ante la Corte y apuntó que él mismo acompañará a los abogados de la legislatura local tras haberse aprobado la iniciativa en su Comisión y posteriormente en el Pleno.
La reforma a Ley de Salud establece que en los hospitales generales y regionales que traten población indígena se deberá garantizar de manera progresiva la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas náhuatl, hñahñu, otomí, tepehua, tenek y pame dentro de las áreas de atención médica y trabajo social que tenga conocimiento de su lengua y cultura, conforme a la población indígena que se atienda, a fin de que las personas indígenas que no hablen suficientemente el español puedan recibir la atención que requieren de manera óptima.
Sin embargo, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que no se tomó en consideración que Hidalgo puede albergar a personas indígenas que hablan alguna lengua distinta al náhuatl, hñahñu, otomí, tepehua, tenek y pame.
Al respecto, Roberto Rico subrayó que la reforma garantizó lo que establece el artículo 5 de la Constitución Política del estado de Hidalgo párrafo noveno en donde habla de la población indígena.
Este artículo establece, dijo, que el Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y plurilingüe sustentada originalmente en los pueblos indígenas Nahua, Otomí, Tepehua, Tének y Pame, así como las autodenominaciones que se deriven de los mismos; que conservan sus propias estructuras sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio, a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta constitución.
Rico Ruiz dio a conocer que envió a la Suprema Corte de la Nación una respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que argumenta que se debe atender en los hospitales el tema de los traductores de manera progresiva e inmediata.
“Lo que estamos cuidando es que se tengan los traductores de manera progresiva y que tanto en los servicios de salud como en trabajo social tengan garantizados este derecho”, dijo.
La reforma a la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo fue aprobada el pasado 14 de marzo por los diputados locales con 21 votos a favor, dictaminada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que encabeza el presidente Robert Rico Ruiz y presentada por los legisladores Silvia Sánchez García y Rodrigo Castillo Martínez, posteriormente fue publicada por el gobierno estatal en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).