Tras exigir desde el Pleno del Congreso del estado un alto al miedo, humillación, dolor y silencio de las mujeres que han sufrido acoso laboral y sexual en sus centros de trabajo, la diputada local Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, junto a un grupo de legisladoras y diputados, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para atender este problema en sus empleos.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar que las mujeres gocen de espacios laborales libres de acoso laboral y sexual así como el hostigamiento de la que son parte en sus centros de trabajo y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sea la encargada de diseñar la estrategia para erradicar estas prácticas.
Sosa Jiménez señaló que la violencia y el acoso sexual en el trabajo son un problema persistente y generalizado que afecta de manera desproporcionada a las mujeres de todos los empleos, de todos los sectores económicos y en todos los países del mundo, generando consecuencias en la salud mental y física de las mujeres.
La iniciativa de reforma plantea que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecer los mecanismos de vigilancia en los centros de trabajo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso laboral, así como el acoso y hostigamiento sexual.
Sosa Jiménez indicó que las manifestaciones de acoso sexual en sus diversas formas están asociadas a rasgos culturales y estereotipos sexistas que aún prevalecen.
“A pesar de la masiva entrada de mujeres a la fuerza de trabajo, en algunos espacios laborales hay quienes todavía las consideran como objeto sexual, en un estatus que enfatiza sus roles sexuales por encima de sus roles laborales, y no son respetadas o percibidas como trabajadoras en igualdad de condiciones”, dijo.
Mencionó que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 2021 del total de mujeres que ha tenido un trabajo, 27.9 por ciento ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral, de las cuales el 18.1 por ciento experimentó discriminación laboral, el 14.4 por ciento vivió situaciones de violencia sexual, 12.2 por ciento recibió violencia psicológica y 1.9 por ciento vivió violencia física.
Enfatizó que la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional. Esta afecta negativamente sus posibilidades de obtener recursos por cuenta propia y, con ello, limita su capacidad de decisión autónoma.
Subrayó que el generar ambientes de trabajo seguros surge como una condición para el avance en la participación laboral y acceso a espacios de influencia de parte de mujeres en toda su diversidad.
“Si bien contamos con normativas que apuntan a su cumplimiento y claridad respecto al cambio cultural que se requiere, los avances en la materia seguirán siendo insuficientes en la medida que sigamos careciendo de las capacidades internas para hacer frente a los desafíos que implican garantizar espacios laborales seguros, saludables e inclusivos, no solo para las mujeres, sino para todos los grupos subrepresentados que constituyen la diversidad”, concluyó la diputada.