Al considerar que no tiene sustento jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no atenderá la instrucción de una jueza para bajar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial y anunció que, en cambio, denunciará a la juzgadora ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En conferencia matutina, la mandataria estuvo acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y del exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, para explicar los argumentos por los que no acatará la orden de la jueza, que le dio un plazo de 24 horas para eliminar el decreto publicado el 15 de septiembre pasado.
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“La explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Zaldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación; primero, porque no tiene atribución porque una juez no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, y tercer, porque es el Poder Legislativo quien ordena al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación en el Diario Oficial de la Federación, entonces no vamos a bajar la publicación”, dijo Sheinbaum en la conferencia.
“Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura, ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de cambio constitucional, que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio de 2024”, añadió.
“Ahí dice que, si no se hace eso, se dará vista al ministerio público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, es dentro de un juicio de amparo, son nueve a no sé cuántos años de cárcel, de tres a nueve años de prisión”, recordó con una sonrisa.
Sheinbaum expuso que la juzgadora se llama Nancy Juárez, y es de Coatzacoalcos, Veracruz, cuya resolución, dijo, aún no les es notificada y que se enteraron por notas de prensa.
Minutos después, la mandataria insistió en el tema y dijo que la decisión de la juez de distrito “es una ocurrencia de una jueza que no tiene sustento jurídico”.
Previamente, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, explicó que hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es “totalmente improcedente” lo que está ordenando, que calificó como “un caso sin precedentes”.
Dijo que la reforma constitucional al Poder Judicial es una facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial; que no existe disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución.
“Un juzgado no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito”, expuso Godoy.
Además, dijo que con su actuar, la jueza usurpa atribuciones y pretende suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal.
“Ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencia, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional, está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional”, añadió.
Finalmente, dijo que “hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente que están desobedeciendo a la propia Constitución”.
Por su parte, el exministro Zaldívar aseguró que “todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática”.
Además, detalló que tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo y menos de reforma constitucional, que una suspensión no puede tener un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación del DOF y que se pretende dar a una suspensión efectos generales, lo cual está prohibido.
“En estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional”, finalizó.
CHZ