El delito de desaparición forzada no es nuevo en el mundo, en particular en México, pues ha estado presente en regímenes autoritarios a lo largo del planeta, ejemplo de ello son las miles de personas que desaparecieron durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). En Guatemala, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos detectó varios hechos de desaparición forzada durante los años 1990 y 1991.
Rosendo Radilla y Alicia de los Ríos, víctimas de la guerra sucia
En el caso de México, varios episodios de desaparición forzada se han registrado, uno de ellos es el de Rosendo Radilla, un líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien fue víctima de este delito en el clima de la guerra sucia en los años setenta.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) define a la guerra sucia como: “una política de terrorismo del Estado mexicano encaminada a detener, torturar, desaparecer y ejecutar a todo aquel que manifestara su apoyo a los movimientos de reivindicación campesina en las décadas de 1960 y 1970, principalmente en el estado de Guerrero. Durante esos años, cientos de activistas sociales fueron víctimas de tortura, ejecuciones y desaparición forzada. Estas violaciones a los derechos humanos continúan en total impunidad”.
“El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla fue detenido ilegalmente en un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se dirigía a Atoyac con su hijo en un autobús. Uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Cuando Rosendo les preguntó de qué se le acusaba, los militares le respondieron “de componer corridos a Lucio Cabañas”. Acto seguido fue trasladado al entonces Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Hasta el día de hoy, su suerte y paradero permanecen inciertos; Rosendo Radilla fue víctima de desaparición forzada”, asegura la CMDPDH.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recuerda otro caso de desaparición forzada: el de Alicia de los Ríos Merino.
"Originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, madre de una bebé con su mismo nombre y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares en el contexto de la mal llamada guerra sucia".
De acuerdo al Centro Prodh, Alicia fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, "al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero. Desde entonces, las autoridades han ocultado su paradero".
El 30 de agosto de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición respecto a las víctimas de la guerra sucia.
Muchos desaparecidos, pocos sentenciados
No sólo es la forzada, la cual involucra a agentes del Estado, como fue en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también hay otras desapariciones que relaciona a particulares o bien, otros delitos, como trata de personas.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas define a este delito en su artículo 27 así:
“Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
La ley castiga con una pena de 40 a 60 años de prisión, y de diez mil a 20 mil días multa a quien cometa desaparición forzada, además si un servidor público comete dicho delito se impondrá la destitución e inhabilitación hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.
Al 23 de septiembre, de acuerdo a la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, 92 mil 378 personas se encuentran en esta situación.
Del 1 de diciembre de 2018 al 23 de septiembre de 2021, de acuerdo a dicha plataforma, se tiene el registro de 152 personas víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia solicitada al Consejo de la Judicatura Federal, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2018, en México solo 34 personas han sido imputadas por ese delito.
Sin embargo, para Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta enero del 2021, 35 personas han sido sentenciadas por el delito de desaparición forzada “y tenemos decenas de miles de averiguaciones abiertas por la desaparición de personas y tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar”.
JLMR