Por no poder definir si las aplicaciones móviles de transporte son un servicio público o privado, políticos y gremios de taxistas no supieron señalar qué tipo de regulación deben tener para operar.
Durante el programa Cambios 27, con el arquitecto Héctor Benavides, los representantes de taxistas alegaron por un lado que las aplicaciones tipo Uber ofrecen un servicio público, y por lo tanto deben someterse a la misma regulación e impuestos que ellos.
“No es un servicio privado al percibir una remuneración, un pago, es un servicio público (…) El artículo 2 de la Ley de Caminos y Puentes de Transporte Federal (dice que) es un servicio público al percibir ingresos”, aseveró Arturo Rodríguez Méndez, de la asociación civil Fuerza Estatal Taxista.
Por otro lado, los representantes de las plataformas digitales defendieron que se trata de un servicio privado que no puede recibir el mismo trato que los taxis tradicionales.
“No es lo mismo un derecho público y no es lo mismo un derecho privado. La actividad que realizamos es 100 por ciento lícita, porque todo aquel que es conductor de las plataformas digitales emite facturas y paga impuestos”, apuntó Nahum Godina Guerrero, vicepresidente de la asociación de conductores de aplicaciones móviles privadas.
A su vez, el consultor en movilidad y director de sistemas urbanos de transporte, Moisés López Cantú, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido criterios que establecen que no se puede regular de la misma manera a estos dos sistemas de transporte.
No obstante, el experto admitió que los taxis tradicionales no tienen un piso parejo para competir con los Uber, porque están sobre regulados.
“Ojalá el gobernador y los diputados consideraran disminuir la carga de regulación que tienen los taxistas y, en el mejor de los casos, liberalizarlos”, apuntó López Cantú.
Caso contrario fue lo que opinó la presidenta de la Comisión de Transporte en el Congreso, Julia Espinosa de los Monteros, que aseguró que las empresas transnacionales que operan estas plataformas se benefician de la falta de regulación y deben estar tributando para el estado.
Nahum Godina informó que en el estado operan siete aplicaciones de sistemas de transporte con más de 50 mil conductores registrados.