El Estado contra el Subcomandante (Tercera parte)

Antes de que Ernesto Zedillo tomara protesta como presidente, uno de sus operadores cercanos, Mario Luis Fuentes, fue enviado a la selva Lacandona para ofrecer al subcomandante Marcos una nueva propuesta de diálogo. El objetivo era reanudar las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), suspendidas desde mediados de aquel atribulado año de 1994.

En la reunión extraoficial celebrada en San Andrés Larrainzar, de acuerdo con fuentes, el líder zapatista cuestionó que el candidato del PRI ganador de la gubernatura de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, no debía asumir su cargo debido a que su triunfo había sido conseguido mediante unas elecciones ilegítimas.

A su regreso a la Ciudad de México, Fuentes explicó la postura zapatista a Zedillo, quien decidió que otro de sus operadores, Esteban Moctezuma, se hiciera cargo de continuar los intentos de negociación con la guerrilla.

Fue entonces que Moctezuma, ya como secretario de Gobernación, viajó de manera incógnita para reunirse con Marcos en el poblado de Guadalupe Tepeyac, donde, según los zapatistas, el funcionario (hoy secretario de Educación) reconoció delante de ellos que las elecciones en el vecino de Tabasco -ganadas por el priista Roberto Madrazo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador- también habían sido fraudulentas y serían anuladas.

Para sorpresa de los zapatistas y de algunos funcionarios que participaron en estas conversaciones, días después de los encuentros, en lugar de que ocurrieran las señales democráticas que se exigían en el sureste del país, fue iniciada una operación oficial que contó con diversas acciones militares, mediáticas y legales en contra del dirigente zapatista, las cuales gravitaban alrededor de la causa penal 18/1995.

Así, en febrero de 1995, del intento de diálogo con Marcos, el gobierno de Zedillo pasó al intento de capturarlo mediante un sorpresivo operativo.

Ataque sorpresa

Aunque Marcos logró evitar su detención, cerca de una treintena de simpatizantes o personas relacionadas por las autoridades con el zapatismo fueron detenidas de manera simultánea en Chiapas, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, acusadas de ser parte del grupo armado o de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN).

En Chiapas, los detenidos fueron Jorge Santiago, Sebastián Entzin y Javier Elorriaga, quien colaboraba en un documental de la productora Argos sobre el zapatismo. 

“En un primer momento -testificó Elorriaga- los miembros del Ejército Federal mexicano que me detuvieron lo hicieron sin mostrarme ninguna orden, así mismo no me permitieron comunicarme con el exterior y hasta sacaron del camino el vehículo en el cual me transportaba, ocultándolo detrás de sus camiones e impidiendo así -puesto que el vehículo era ampliamente conocido por otros periodistas que realizaban su trabajo en la zona- que alguno de ellos se percatara que estábamos detenidos en el campamento militar”.

Para tratar de establecer los delitos de homicidio, sedición, terrorismo y otros más, en el expediente se consignan los nombres de los policías y soldados caídos durante los enfrentamientos de los primeros días de enero de 1994. Se incluyen también la primera y la segunda declaración de la selva Lacandona como pruebas documentales en contra de los acusados, así como listados de armas, comunicados zapatistas y aditamentos como pasamontañas, supuestamente encontrados en domicilios vinculados a los detenidos. También se asientan testimonios de policías como el de Manuel de Jesús Herrera Felipe.

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario. (Especial)

Este agente asegura que las autoridades supieron del alzamiento desde el 30 de diciembre de 1993 y por ello fue enviado él junto con otros 90 policías a la cabecera del municipio de Altamirano para proteger el palacio municipal de una posible toma, la cual finalmente ocurrió la madrugada del 1 de enero siguiente.

Adiestramiento zapatista

Otro de los apartados que tiene la causa penal es el de supuestos zapatistas que señalan a los miembros de la organización que se encargaron de adiestrarlos: 

“El capitán Filiberto y las otras personas decían que peleáramos con ganas para derrotar al gobierno y que no nos preocupáramos porque Dios estaba con nosotros y que no tuviéramos miedo, ya que el EZLN nos iba a dar lo que el mal gobierno del PRI nos negaba y que todo el dinero era para los malos gobernantes, y que solamente luchando contra los soldados íbamos a mejorar, y que íbamos a ser ricos”.

Según el expediente, familias enteras de las comunidades indígenas se sumaron a la organización unos meses antes del alzamiento. Un militante relata que sus dos hermanos, hermana, padre y madre se alistaron al grupo armado y “llevaban a cabo prácticas de acondicionamiento físico obligatorias, las cuales consistían en caminatas a campo traviesa, prácticas de correr, avance pecho a tierra impulsado con pies en algunas ocasiones, y otras con manos, lagartijas, sentadillas, maromas, trepar, descender, arrastrarse con codos, caminatas a gatas, retroceso, avance en retroceso con el arma inclinada hacia atrás, correr en zig-zag, cubriéndose en piedras y árboles, así como combate simulado”.

Los entrenamientos se dividían de la siguiente manera: “una hora para correr; media hora de lagartijas; una hora de arrastre en diversas posiciones señaladas; posteriormente a esto, dos horas para comer (la alimentación consistía en media jícara de pinole (maíz preparado con agua y azúcar), media jícara de frijoles en caldo y cinco tostadas y café); descanso por el término de dos horas para posteriormente reanudar con la misma serie de ejercicios hasta las quince horas y después de esto se iban a sus casas”.

Paliacates y pasamontañas

Aunque la insurrección ocurrió en diversos lugares de Chiapas, el expediente se centra en las acciones emprendidas en Altamirano y Ocosingo. Para estas tomas realizadas por los zapatistas, se explica que algunas comunidades estaban preparándose desde el 15 de octubre de 1993, cuando apareció el teniente Nacho para hacerles entrega a cada soldado de un pantalón de color verde olivo, una camisa negra y botas de hule color negro. Solo el paliacate rojo amarrado al cuello debía comprarlo cada insurgente por su cuenta, para completar su uniforme de guerra. Del icónico pasamontañas no se menciona nada.

​“El día 3 de mayo de 1993 -explica un testimonio- las autoridades del Ejido aprovecharon la celebración del día de la Santa Cruz, cuando todos los pobladores del Ejido Morelia nos encontrábamos reunidos, para decirnos que teníamos que unirnos y apoyar al EZLN participando en los entrenamientos para que aprendiéramos a usar las armas con la finalidad de hacer la Guerra contra el Ejército mexicano y además derrotar al gobierno”.

El puente roto

​La destrucción de un puente durante la guerra, el cual comunicaba a Altamirano con el Ejido de Morelia, abarca otro apartado del expediente, en el cual las autoridades orientan las declaraciones con el fin de establecer que los simpatizantes del EZLN participaron en las acciones de manera obligada.

“El 3 de enero de 1994, los que habían ido a hacer la guerra al poblado de Altamirano, regresaron para informarles a las autoridades de mi Ejido que habían ganado la guerra y de que habían matado a todos los soldados del Ejército mexicano por lo que, los líderes del Ejido, como los apoyaban a todos nos obligaron bajo amenazas de muerte de que llevábamos picos y palas para tirar un puente con la finalidad de que si el Ejército tomaba la iniciativa de llegar a nuestro Ejido tuviera dificultades para hacerlo”.

Otro testimonio del mismo suceso relata que durante el día “todos los hombres que habían llegado se ocultaban en los montes con la finalidad de que no fueran localizados por el Ejército, por lo que el día que fuimos a derribar el puente fue durante el transcurso de la noche para que los aviones que pasaban en el día no se dieran cuenta del derribo del puente en el Arroyo Raizal, y así también nos obligaron a que juntáramos troncos, piedras, tubos de fierro y todo lo que sirviera para bloquear la carretera que llega al Ejido”.

Operación segueta

Otro caso reseñado consiste en las acciones de apoyo al alzamiento zapatista que hicieron algunos miembros de las FLN en diversos lugares del país, las cuales consistían en derribar torres eléctricas la noche del 31 de diciembre de 1993, para tratar de generar mayor desestabilización.

Algunos de los hombres detenidos en Yanga, Veracruz, en febrero de 1995 explicaron que unas noches antes del alzamiento recibieron instrucciones de cortar una torre de la Comisión Federal de Electricidad que sostenía cables de suministro de energía eléctrica: 

“Dicha torre está ubicada cerca de la ciudad de Acayucan, Veracruz, por lo que fueron dos días antes del fin de año a checar el lugar y a conocer la torre y el lugar donde realizarían dicha operación, para el día 31 empezar los trabajos de cortar los ángulos metálicos de la mencionada torre, cortando inicialmente los ángulos colocados arriba de la base; que dichos cortes se realizaron con segueta las noches del 31, 1 y 2 de enero, que realizaron varios cortes, esperando que la torre se cayera de un momento a otro, y que la finalidad de derrumbar era provocar un apagón en toda la zona”.

Sin embargo, la operación fracasó en su momento. “La torre no se cayó en los días previstos porque faltó de practicar algunos cortes no terminándolos en el punto de que consideraron peligroso continuar con dicho trabajo; que tiene conocimiento que como a los tres meses de que realizaron los cortes, la torre finalmente se cayó”.

Asaltos bancarios

El afán de achacar al zapatismo la mayor cantidad de delitos posible incluyó el tratar de ligarlos con una serie de asaltos bancarios y robos a casa habitación ocurridos en diversos lugares de Chiapas semanas después de la insurrección. El uso de capuchas por parte de los asaltantes era usado como uno de los elementos para tratar de vincular a delincuentes del fuero común con los insurrectos.

La causa penal deja ver esta manipulación, así como también algunos resquicios de la tortura que se llevó a cabo durante algunas detenciones para fabricar declaraciones ad hoc. 

“Me llevaron a Berriozabal -relata uno de los detenidos en un alegato ante el Magistrado- a unas oficinas de la Policía. Al llegar ahí me dijeron que pasara hacia un terreno baldío y luego me dijeron que yo les dijera qué sabía sobre los asaltos y yo les contesté que no sabía nada. Luego sacaron a mi esposa y me dijeron que me quitara la ropa y quedé desnudo totalmente: me pusieron una toalla femenina de los denominados Kotex, me vendaron los ojos con unas vendas, me amarraron las manos hacia atrás, me pusieron un trapo mojado en la cara y luego me echaron un líquido amargo del que supuse era tehuacán, y me empezaron a decir todas esas cosas que están en la declaración para que yo aceptara, y al ver que yo me negaba, me volvieron a seguir torturando”.

El detenido concluye su relato diciendo que “como sentía la muerte tuve que decir que sí. Posteriormente ya me pararon y me pusieron una grabadora para que repitiera yo lo que había declarado, que si no lo volvía a repetir a la grabadora, me iban a volver a torturar”.

Telegramas y decretos

Mientras ocurría esta operación oficial conocida como La Traición de Febrero, se generaron una serie de protestas a nivel nacional e internacional. El expediente da cuenta de decenas de mensajes enviados al Juez Juan Manuel Alcántara por ciudadanos y organizaciones que le exigían actuar con apego a la justicia.

Hay telegramas firmados por el actor Daniel Giménez Cacho o el director de cine Luis Mandoki, así como cartas del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Reino Unido, de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos y de la organización no gubernamental estadounidense Global Exchange.

Por ese tiempo, en medio de la mayor crisis económica sufrida por el país en los tiempos recientes, el presidente Zedillo trataba de mandar un mensaje de gobernabilidad con acciones judiciales como ésta, aseguran algunos de sus cercanos. Días después de la operación contra el subcomandante Marcos, su gobierno inició también una acción legal en contra de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su antecesor en la presidencia. 

Decreto del ex presidente Ernesto Zedillo. (Especial)

“Con la misma fuerza y voluntad que ordené el arresto del hermano del ex presidente Salinas no haré nada que no esté basado en hechos sólidos”, declaró el entonces mandatario al periódico San Diego Union Tribune.

Finalmente, ante la presión de la sociedad civil nacional e internacional, Zedillo emitió otro decreto -este publicado en el Diario Oficial de la Federación- para crear la Comisión de Concordia y Pacificación, con lo cual se suspendieron varias de las acciones penales de la causa abierta en contra del subcomandante Marcos.

Demandas

Aunque el juicio contra los demás detenidos continuó y en sus alegatos de defensa, el abogado Miguel de los Santos, calificó como fantasiosa la declaración del subcomandante Daniel, una de las principales pruebas del gobierno contra los zapatistas. 

“No reunió las características suficientes de credibilidad ni tampoco concurrieron las circunstancias de garantía para otorgarle veracidad a su dicho. El testimonio del señor Salvador Morales Garibay no solamente carece de los requisitos para considerarlo válido sino que el hecho de que no se haya presentado a ratificar la supuesta declaración ante el Ministerio Público ni haberse presentado para las diligencias de su ampliación de declaración y careos con el procesado Javier Elorriaga crean la duda fundada, incluso, de que se trate de un testimonio fabricado”.

Sobre la declaración de guerra zapatista, las conclusiones de la defensa son una reflexión sobre la naturaleza del alzamiento que marcó al país en aquel año de 1994: “al haber pretendido el denominado EZLN la finalidad de restaurar la legalidad y estabilidad de la nación, así como lograr el cumplimiento de las demandas básicas de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, conforme se refiere en la propia Declaración de la Selva Lacandona que detalla el Ministerio Público, es obvio que no se persigue causar temor o terror en la población ni menoscabar la autoridad del Estado, por lo que no se acreditan todos y cada uno de los elementos del tipo de terrorismo”.

Veinticinco años después, aunque la causa penal ya está sobreseída, el diálogo entre el gobierno y la guerrilla sigue suspendido.

Denuncia de Javier Elorriaga. (Especial)